Matanza en “El Frontón” es delito de lesa humanidad

El director de IDL Carlos Rivera considera como un triunfo que el Colegiado B de la Sala Penal Nacional haya considerado como delito de lesa humanidad, delito contra la vida, el cuerpo y la salud, asesinato por ferocidad y explosión, el juicio contra 34 exmarinos procesados en el marco de la presunta matanza de 135 reos en el penal “El Frontón”, ocurrida en junio de 1986.

Así lo determinó ayer el referido tribunal que preside el magistrado Edhin Campos Barranzuela y la integran los jueces Jhonny Hans Contreras Cuzcano y Otto Santiago Verapinto Márquez. En su decisión, el colegiado tomó en cuenta la precisión de la Fiscalía sobre el instrumento jurídico internacional denominado IUS COGEN (derecho consuetudinario internacional) que declara imprescriptible y perseguible el delito de lesa humanidad.

El caso fue considerado como complejo debido al alto número de acusados y víctimas, así como la pluralidad de testigos que serán convocados, y la actividad probatoria a desarrollarse.

En este caso, el Ministerio Público ha solicitado penas de cárcel de entre 25 y 30 años para los respansables, así como el pago como reparación civil de S/ 5 millones 320 mil a favor de los deudos de las víctimas.

Durante la audiencia el juez Campos Barranzuela garantizó el irrestricto derecho a la defensa, la tutela jurisdiccional efectiva y la garantía constitucional del debido proceso.

La próxima sesión fue programada para el miércoles 25 de octubre a las 3:30 p.m. en la sede judicial de la Sala Penal Nacional, donde las partes ofrecerán los medios probatorios. En esa sesión el Ministerio Público deberá precisar los cargos y grados, así como la participación de cada uno de los exmarinos acusados durante el motín ocurrido en la fecha antes señalada.

Tuit de Carlos Rivera Paz

LA ACUSACIÓN
De acuerdo a la acusación fiscal, “la masacre, ejecución extrajudicial o asesinato en masa de los 133 internos del penal El Frontón no solo fue un gravísimo acto ilícito para la legislación nacional, sino también fue un acto reñido con el derecho internacional en materia de derechos humanos”.

El caso se remonta al 18 de junio de 1986, en que Sendero Luminoso organizó un motín simultáneo en los penales de Lurigancho, Santa Bárbara y El Frontón, justo cuando se realizaba en Lima el XVII Congreso de la Internacional Socialista. El debelamiento duró dos días en la isla frente al Callao.

Según la acusación de la fiscal Luz Ibáñez, las presuntas ejecuciones extrajudiciales y asesinatos se realizaron luego de que los sentenciados y detenidos por terrorismo se habían rendido. Asimismo, dice que hay suficientes medios probatorios por los que se dispuso acusar a los procesados por “crímenes contra la humanidad consistente en el delito subyacente contra la vida, el cuerpo y la salud-homicidio calificado-asesinato por ferocidad”.

EL PROCESO
El caso de El Frontón primero se vio en el Fuero Militar entre 1987 y 1989 sin participación de los familiares de las víctimas. Allí se absolvió a 111 marinos investigados y se archivó el caso. En agosto del 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta una sentencia que ordena al Estado investigar los hechos de El Frontón y procesar y sancionar a los responsables.

Ante ello, la Fiscalía abre investigación en mayo del 2001, pero esta se archivó. Sin embargo es reabierta en agosto del 2002 y se formaliza la denuncia penal en noviembre del 2004.

​En enero del 2005 el Primer Juzgado Penal Supraprovincial abre proceso penal contra 11 marinos. Más adelante en el 2009 el Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial abre otro proceso a 22 marinos. Tras varias marchas y contramarchas y tras juntarse los dos casos, la fiscal Luz Ibáñez formula acusación contra 33 marinos el 20 de diciembre del 2012​.

En junio del 2013, el Primer Juzgado Supraprovincial abre instrucción contra otros dos marinos y la Sala Penal Nacional resuelve acumular el nuevo caso al expediente principal y pide a la fiscal Ibáñez emitir un dictamen único, el cual es formulado en abril del 2016 contra 35 acusados.

En octubre del 2016, la Sala Penal Nacional realiza una audiencia de control de la acusación fiscal y el 3 de abril del 2017 declara que hay mérito para pasar a juicio oral contra 35 exmiembros de la Marina.

El pasado 1 de setiembre la Fiscalía decide dejar sin efecto su acusación contra Carlos Castillo Vega, quien solo acudirá al proceso como testigo. Por ello el proceso será finalmente contra 34 acusados.

Expresidente García tendrá que testificar.

Expresidente García tendrá que testificar.

TESTIGO AG
Para este juicio la Fiscalía ha pedido que se tome declaración a más de 80 testigos. De ellos 35 son exinternos que sobrevivieron al debelamiento del motín y 7 son testigos con clave, es decir colaboradores eficaces.

Entre los que serán notificados como testigos figuran el expresidente Alan García y algunos de sus ministros en su primer gobierno como Luis Gonzales Posada, Remigio Morales Bermúdez, Manuel Romero Caro​ y José Murgia, a los que se suma Hugo Otero, exasesor de García.

DIARIO UNO