PPK y los trabajadores

1216Jorge Rendón Vásquez

Hay un derecho laboral muy importante cuya subsistencia dependió de Pedro Pablo Kuczynski cuando era presidente del Consejo de Ministros. Él pudo haber bajado el pulgar para eliminarlo, pero, al contrario, lo levantó y ese derecho se mantuvo.

Este hecho, que trasciende el nivel de la anécdota, sucedió en junio de 2006 luego de un ir y venir de trámites que yo había impulsado.

A comienzos de ese año, el ministro de Trabajo Carlos Almerí Veramendi, quien había sido mi alumno en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos, me pidió que lo ayudara en su gestión. Quería hacer algo por los trabajadores. Acepté y seleccioné en seguida una idea para cubrir un vacío legal, consistente en la ausencia de una norma que obligase a los empleadores a llevar un registro de asistencia al trabajo.

Con excepción de los informales, los empleadores utilizaban tarjetas, cuadernos u otros documentos para registrar el ingreso y la salida de sus trabajadores con la finalidad de descontarles el tiempo de inasistencia y probar las ausencias justificatorias del despido. Pero lo hacían por propia conveniencia. Como no había una norma que los obligase a llevar ese registro, prescindían de exhibirlo a las autoridades para mantener a sus trabajadores realizando trabajo en tiempo extraordinario que no pagaban. Y esto se había convertido en una práctica común luego de julio de 1980 hasta establecerse como una irreductible norma ilegal en la década del noventa. Al ser requeridos por los inspectores de trabajo y los jueces para mostrar los registros de asistencia de sus trabajadores se negaban a hacerlo, aduciendo que no los llevaban y que ninguna norma los obligaba a tenerlos. Los jueces y los inspectores de trabajo convalidaban esa negativa, y así los trabajadores no podían cobrar por su trabajo en horas extras.

DECRETO SUPREMO
Redacté entonces un proyecto de decreto supremo por el cual se disponía, en síntesis, que los empleadores del régimen laboral de la actividad privada debían tener un registro permanente de control de asistencia en el cual los trabajadores firmarían al ingresar al centro de trabajo y al retirarse de él, y que deberían exhibirlo cuando lo requirieran las autoridades administrativas de trabajo, los jueces, la organización sindical y el propio trabajador.

El ministro de Trabajo Almerí Veramendi hizo completar la forma legal del proyecto y con otros documentos lo llevó al despacho con el presidente de la República, que era Alejandro Toledo. Este recibió las explicaciones de Almerí y firmó el decreto, que fue publicado al día siguiente en el diario oficial (5 de abril de 2006).

Los trabajadores y sus organizaciones tardaron en informarse de esta norma y de su importancia. En cambio, las organizaciones de empresarios, que cuentan con equipos de expertos en asuntos laborales, reaccionaron de inmediato y pidieron su derogatoria. Más iracunda y exigente fue la actitud de los funcionarios a cargo de las entidades del Estado con trabajadores en el régimen laboral de la actividad privada. Su presión se desbordó en una reunión del Consejo de Ministros en el que casi todos los ministros pidieron a gritos la derogatoria de la malévola norma. Toledo los miraba, preguntándose tal vez cómo pudo haber metido la pata. Finalmente, dispuso que el presidente del Consejo de Ministros se reuniese con los ministros para estudiar el asunto y propusiera lo que resultara conveniente.

LO QUE PASÓ
La reunión se llevó a cabo en el local de la Presidencia del Consejo de Ministros, una antigua casona situada en la avenida 28 de Julio de Miraflores. El ministro Almerí se excuso de asistir por tener que viajar fuera de Lima y me pidió que lo representara con el Director de Asesoría Jurídica del Ministerio.

Los ministros se sentaron a los lados de una larga mesa y Pedro Pablo Kuczynski ocupó una cabecera. En la segunda fila se apiñaron los jefes de las instituciones públicas y de algunas empresas del Estado. Sus discursos fueron de tono y contenido dantescos: las empresas quebrarían porque con ese decreto tendrían que pagarles horas extras a sus trabajadores; se ausentaría la inversión privada y la economía se precipitaría en caída libre; y lo más dramático, en el presupuesto público no se había previsto egresos por horas extras y sin el concurso de ese trabajo gratuito la maquinaria estatal se paralizaría. Los jefes de las instituciones públicas exigieron a coro la derogatoria del decreto y, entre ellos, la jefa de Aduanas reveló sin ningún escrúpulo que su entidad nunca había perdido ni un juicio por horas extras y que si el empleado no quería trabajarlas tenía las puertas bien abiertas para irse. Un murmullo de feria aprobó estas palabras. Pedro Pablo Kuczynski los escuchaba en silencio. Cuando se agotaron las intervenciones de esa burocracia, pedí la palabra.

—Hay una norma en la Constitución Política —dije— que limita la jornada y la semana de trabajo. Pregunto ¿se le acata o se le infringe? Y seguí: el decreto de control de asistencia está ya en la calle, y los trabajadores lo han incorporado como un activo. (Exageraba, pero tenía que valerme de este argumento.) ¿Se lo quitarán? La jornada de ocho horas fue conquistada hace casi cien años con una huelga que paralizó Lima. ¿Quieren otra?

Kuczynski se inclinó hacia una funcionaria algo robusta y con una peluca a lo garzón, que era al parecer una consejera, y le cuchicheo algo.

La consejera dijo entonces:

—Como el presupuesto vigente no ha previsto el pago por horas extras, el decreto podría aplicarse en la administración pública recién a partir del 1º de enero del año próximo.

Pedro Pablo Kuczynski me dirigió la mirada, como en una negociación. Yo le hice un gesto afirmativo.

—Queda así entonces —dijo—. Se levanta la sesión.

El 4 de junio de 2006 se publicó el decreto supremo que disponía esa medida, corrigiendo en tal sentido el anterior decreto. Y así el control obligatorio del tiempo de trabajo quedó en vigencia.

Pedro Pablo Kuczynski había demostrado ser un hombre serio y poseer la estatura de un estadista.

Moraleja jurídica: en ciertos casos, no bastan las normas de fondo para el goce de tales o cuales derechos. Se requiere complementarlas con reglas de procedimiento para evitar que les saquen la vuelta.

DIARIO UNO