Jueces y fiscales contra la pared, por Juan Paredes Castro

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Juan Paredes Castro

Los peruanos no entendemos hasta ahora lo que la primera dama, Nadine Heredia, nos quiere decir:

1. Que no tiene cuentas bancarias secretas, lo cual sea probablemente cierto, y que las que tiene, según ella, son de una claridad indiscutible. ¿Por qué cree entonces que el Congreso afecta sus derechos al resolver investigarla y conocer lo que todos deseamos conocer: la verdad de sus cuentas y de sus vínculos con Martín Belaunde Lossio?

2. Que hay una campaña de la prensa y de sus adversarios políticos para destruir su imagen y para separarla de su “gente” (¿qué peruanos tienen el privilegio de ser su “gente” y qué peruanos no?). La prensa y sus adversarios políticos no han hecho sino reflejar y cuestionar lo evidente: las costosas compras de la primera dama con la tarjeta de crédito de su amiga Rocío Calderón, que hasta ayer fue alta funcionaria del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), pero sigue siendo asesora jurídica de la Presidencia de la República; el vínculo de la misma persona, Rocío Calderón, con las triangulaciones de las remesas de dólares venezolanos destinados a la campaña del Partido Nacionalista en las elecciones del 2006, cuando este ni siquiera había sido reconocido ni funcionaba; y el descubrimiento de una caja fuerte asignada a la cuenta de Rocío Calderón en el BCP, que contenía varios miles de dólares que legalmente no debieron ser depositados allí.

3. Que la investigación fiscal de sus finanzas personales relativas al 2005 y el 2006 ya fue archivada y nadie debe moverla. Sin embargo, dos personas de su más estrecha cercanía, Martín Belaunde Lossio y Rocío Calderón, tienen mucho que decir sobre el pasado y presente financiero de la primera dama y la conexión venezolana. No descartamos, por ello, que la Corte Superior de Lima reabra la investigación fiscal, más aún si el Congreso se apresta a hacerlo por su cuenta.

Hay razones de sobra para que los peruanos nos hagamos muchas preguntas sobre las finanzas de quienes nos gobiernan y más aún de quien ilegalmente cogobierna, como la señora Heredia.

Tenemos pues a jueces y fiscales contra la pared, sometidos a la desgracia de su propio sistema, a las presiones del poder político, que tiene la sartén presupuestal por el mango, y al amedrentamiento de las mafias que trafican con los intereses del Estado.

Es una suerte que el crecimiento económico no haya colapsado en medio de una institucionalidad política y judicial atravesada por la ineptitud, el descrédito y la corrupción.

Si el presidente Humala y su esposa quieren que los peruanos dejemos de vivir de la sospecha y la judicialización de la política, ellos deberían dar un sólido ejemplo de transparencia antes que pretender bloquear investigaciones fiscales y rebelarse contra las legítimas indagaciones de quienes, según la primera dama, solo “calientan curules” en el Congreso.

El tono desafiante de la pareja presidencial contra el Congreso no es menos que contra otros poderes al creer que nuestras fiscalías y tribunales son alfombras para limpiarse los pies.

 

EL COMERCIO