Congreso aprueba denunciar a Alan García constitucionalmente

5_61-700x435El Congreso aprobó el informe final de la “megacomisión” sobre el caso colegios emblemáticos recomendó acusar constitucionalmente al expresidente Alan García por el decreto de urgencia 004- 2009, y formular denuncia penal contra el exministro de Educación, José Antonio Chang, por irregularidades en su ejecución.

Tejada Galindo aseguró que el decreto en cuestión, emitido durante el segundo gobierno aprista, sirvió para evadir los controles y gastar más de S/. 1,200 millones en la remodelación de colegios emblemáticos.

La “megacomisión” acusó a Chang de haber incurrido en los delitos de falsedad genérica y negociación incompatible.

El primer delito habría sido cometido al no haber hecho un diagnóstico de la infraestructura escolar, mientras que el segundo, por presuntamente contratar con empresas relacionadas a la Universidad San Martín de Porras, de la que a su vez era rector con licencia.

Con 45 votos a favor, 11 en contra y 22 abstenciones se mandó el caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Se excluyó a Yehude Simon por supuestamente no haber tenido participación, y haber transcurrido cinco años del antejuicio constitucional. Pedro Sánchez, entonces ministro de Energía y Minas también fue retirado ya que firmó el decreto solo como encargado del Ministerio de economía y Finanzas.

En el caso BTR, presentó acusación constitucional contra García y contra los ex ministros apristas Jorge del CastilloHernán Garrido Lecca y Miguel Hidalgo Medina, al haberse encontrado indicios suficientes que determinarían que sí hubo interferencia política. Los delitos señalados son asociación ilícita para delinquir, encubrimiento personal, obstrucción de la justicia, entre otros.

Después de varios meses de mantenerse con el rótulo de clasificado, el Congreso rompió el sello el informe sobre enriquecimiento ilícito que elaboró la megacomisión.

Si bien estuvieron bajo indagación 14 funcionarios del gobierno aprista por enriquecimiento ilícito, solo en dos de ellos se encontró un supuesto desbalance. En el exministro de Justicia Aurelio Pastor y en el exsecretario general de Palacio de Gobierno y también ex ministro, Luis Nava.

En el caso de García Pérez se admite que el análisis de la información contenida en las declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas, presentadas por el investigado, revela que la variación patrimonial y el gasto económico personal en el período 2006-2011 “habrían sido cubiertos por sus ingresos netos”. Es decir, no se encontró desbalance patrimonial en el ex jefe de Estado.

LA RAZÓN