Estudiantes demandan poner fin al lucro en las universidades privadas e invertir en las públicas

imagen-10aPunto de vista. Universitarios de San Marcos, PUCP y la Agraria esperan que tras la aprobación de la Ley Universitaria el fin del lucro sea el siguiente paso a atender en la educación superior. Reconocen que la nueva norma es un primer paso y esperan que el Estado eleve la inversión en la educación superior.

José Carlos Díaz Zanelli

Una diversidad de voces se ha pronunciado sobre la Ley Universitaria en los días posteriores a su ajustada aprobación en el Congreso. Desde docentes, rectores, políticos, hasta empresarios han expresado puntos de vista divergentes. Sin embargo, hay un enfoque que ha sido poco atendido en este escenario: los estudiantes.

Pese a que la no retroactividad de la ley limita el efecto que esta tendrá en quienes hoy son universitarios, ellos han generado un punto de vista bastante claro respecto al actual sistema universitario. Y quizá el punto en el que presenten más coincidencias sea el único que la ley promulgada esta semana no aborda: el lucro en las universidades.

“Eso ha generado grandes problemas en la educación. Pero el lucro no se puede cambiar ahora porque para ello se requeriría un cambio constitucional. Eso choca con el derecho a la educación porque la pone como su fuese una mercancía. Das servicios de mala calidad porque es más barato”, opina el presidente de la Federación de Estudiantes de la PUCP,Julio Cáceda.

Incluso Cáceda respalda su punto de vista asegurando que las peores universidades del país son las que, mayoritariamente, surgieron con el Decreto Legislativo 882 que desde 1996 permite obtener rentabilidad a través de ellas.

MÁS INVRSIÓN PÚBLICA

En la misma línea se expresa Ana Paula Rojas, integrante del tercio estudiantil de laUniversidad Nacional Agraria, quien identifica la manera como se puede solucionar este problema: mayor inversión en las universidades públicas.

“Por ejemplo, en la Agraria no entra ni un alumno más. Si se quiere masificar la educación pública, lo que se requiere es bastante dinero. No se trata solo de dar educación, sino que sea de calidad. En vez de crear más universidades públicas se deberían reforzar las que ya tienen”, afirma Rojas, quien pese a todo reconoce que ponerle fin al lucro en las universidades implica un proceso bastante complejo.

Y coincidiendo con estos puntos de vista, Teodoro Arévalo, miembro del tercio estudiantil de la Facultad de Ciencias Social de San Marcos, reconoce también la necesidad de ponerle fin al lucro en las universidades, aunque plantea que aquí pueda entrar a tallar la nueva Superintendencia de Educación Universitaria.

“La universidad pública está perdiendo en una carrera que es la eficiencia en la gestión administrativa. La lucha contra el lucro pasa por fortalecer la universidad pública y esa es una de las tareas más grandes que va a tener esta superintendencia”, propone Teodoro Arévalo.

VOTO UNIVERSAL

Otro tema abordado por los universitarios es el referido al voto universal que implementará la nueva Ley Universitaria y que permitirá que estudiantes y docentes elijan a sus autoridades como rectores y decanos. Sin embargo, la proporcionalidad de los votos será de un tercio para los alumnos y dos tercios para los catedráticos. 

“Estamos de acuerdo con la proporción que se establece en la ley. El voto paritario era una representación que generaba una injusticia porque los estudiantes elegimos a las autoridades y nuestro periodo es de cinco años, pero los docentes van a estar hasta 30 años”, señala Julio Cáceda. Pero se debe hacer la precisión de que este sistema de votación solo se aplicará para efectos de las universidades públicas, pues en este punto respeta los estatutos de las privadas.

Por su parte, Ana Paula Rojas destaca que esta disposición ponga fin a la elección de autoridades a través de las Asambleas Universitarias, pero no se muestra de acuerdo con la proporcionalidad entre estudiantes y docentes.

“Ese era un pedido porque ya se necesitaba poner fin a los asambleístas que vendían sus votos. Pero en mi universidad un profesor valdría como 20 o 25 estudiantes. Eso devalúa el voto del estudiante. Dándoles una mayor participación a los alumnos habrían tenido un poco más de poder. Pero igual yo creo que es un avance”, manifiesta la estudiante de la Universidad Nacional Agraria.

Casi en la misma línea Teodoro Arévalo se expresa sobre esta distribución para llevar a cabo la votación universal. Sin embargo, él atribuye esta decisión a una dicotomía histórica entre los docentes y los estudiantes por obtener mayor empoderamiento.

“La proporción de asignar un tercio a los estudiantes es abrir los espacios de participación y empoderarlos. Sea la proporción que tenga con el docente”, afirma el estudiante de San Marcos quien, al igual que sus pares de otras universidades, coincide en que esta ley es tan solo un corto primer paso para mejorar la calidad de la educación universitaria.

SOBRE LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA

Una tema referente al sistema universitario peruano que no ha sido abordado en la Ley Universitaria y aún no es materia de debate en el Congreso es el referido a la gratuidad de la enseñanza.

Para Ana Paula Rojas, Julio Cáceda y Teodoro Arévalo, la gratuidad de las universidades públicas es un tema que decantará en un debate tarde o temprano. Sin embargo, reconocen que para esto primero las casas de estudio estatales deben empezar, por ejemplo, a ejecutar toda su partida presupuestal en aras de la calidad e infraestructura.

“El Estado gasta anualmente US$ 3.500 por estudiante. Por ejemplo, la Católica gasta US$ 7.500 anuales por estudiante. La Universidad de Sao Paulo gasta US$ 13 mil y Harvard US$ 130 mil”, afirma Cáceda, haciendo referencia al largo camino que se tendrá que recorrer antes de que se articule una política pública a favor de la educación superior.

LA REPUBLICA