España: desempleo, racismo y aborto

screenshot.27Por Miguel Ángel Ferrer

Existe abundante y sólida evidencia registral y estadística para afirmar, como en su momento lo hizo el célebre demógrafo galo Alfred Sauvy (Historia del control de nacimientos) que en Francia la natalidad empezó a reducirse desde antes de la Gran Revolución de 1789, esto es, hace más de dos siglos.

Esa caída en la natalidad, que fue producto de una decisión consciente de las familias francesas, se realizó muchas décadas antes de la aparición histórica de la anticoncepción científica, en 1960, que la hizo accesible y universal.

Y por lo que toca a la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto seguro sólo fue igualmente posible y universal con el enorme avance de la medicina (asepsia, antisepsia, anestesia, cirugía y antibióticos), también en la segunda mitad del siglo XX.

Aquellas decisiones conscientes de las parejas francesas de fines del siglo XVIII en pos de tener menos hijos es hoy, más de dos centurias después, una constante en cientos de millones de familias, parejas y mujeres en todo el planeta. Pero hoy, y desde hace sesenta años, esta decisión se ve acompañada de las posibilidades científicas, médicas, técnicas y económicas de convertirse en realidad. Aquí está la explicación de la drástica caída de la natalidad y, consecuentemente, del fenómeno del envejecimiento demográfico que se observa en muchos países en los cinco continentes.

Esa voluntad de familias, parejas y mujeres de tener menos hijos o de no tenerlos choca a veces con las preocupaciones y designios de los estados. Una baja natalidad y muchos avances en la medicina han provocado un significativo envejecimiento de la población. Y en las naciones en que este es más agudo, los estados han acudido tradicionalmente a tres modos de enfrentarlo: el fomento de la natalidad, el fomento de la inmigración y la prohibición de los anticonceptivos y del aborto.

Ya durante el Imperio romano se quiso fomentar la natalidad con arengas patrióticas y con incentivoseconómicos. Ese fue el propósito de la Ley Julia (por Julio César) y de la Ley Augusta (por el emperador Augusto). Pero todo fue inútil. Porque, como se pudo constatar desde aquella época, existiendo la voluntad de limitar el número de hijos, no hay medidas de fomento (o punitivas) que consigan elevar la natalidad.

Por ello, y más allá de las motivaciones políticas reaccionarias, clericales y medievales del ministro español de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para limitar el derecho al aborto de las familias, las parejas y las mujeres hispanas, es deducible un intento del gobierno de España por frenar el envejecimiento demográfico por la vía de la prohibición o de la obstaculización del aborto.

Ruiz-Gallardón está acudiendo a esta medida medieval-franquista ante el espanto racista que a las élites españolas les produce la inmigración, sobre todo la que proviene del África subsahariana, así como ante el crecimiento del desempleo, fenómeno horrendo que esas mismas élites y una opinión pública desinformada y prejuiciosa atribuyen a la inmigración.

De llevar adelante su insensato proyecto, no tardará mucho el señor ministro en darse cuenta que su dichosa ley no servirá para frenar el envejecimiento demográfico (ni para elevar la natalidad), pero que será muy productiva a la hora de aumentar los sufrimientos, penurias y malos ratos de las familias, las parejas y las mujeres hispanas. Sobre todo de aquellas que carezcan de los recursos económicos suficientes para acudir al aborto seguro (aunque clandestino o semiclandestino) en España o en los países vecinos menos incivilizados que Hispania.

Signo de los tiempos, el aborto seguro no es asunto que pueda quedar sujeto a las veleidades de gobiernos y gobernantes. Acéptelo o no la ley, es ya patrimonio de la sociedad planetaria.