Fujimorismo culpable: Ley antiterrorista de la que tanto hablan Keiko Fujimori y Rafael Rey, es considerada inconstitucional e ilegal.

Publicado: Domingo 11 de julio del 2010 | Política | Imprimir | Compartir

Diario La Primera

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Ley antiterrorista de la que tanto hablan Keiko Fujimori y Rafael Rey, es considerada inconstitucional e ilegal.

Fujimorismo culpable

Fujimorismo culpable El gobierno del ex dictador fue el responsable.

Los que ahora lamentan los pagos e indemnizaciones a sentenciados por terrorismo y las reparaciones a las víctimas de la guerra sucia prefieren olvidar que el gran responsable fue el gobierno a cargo de la dupla Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos y la telaraña anticonstitucional e ilegal que urdieron bajo la denominación de “leyes antiterroristas”.

 

 

DIJO REY

El ministro de Defensa, Rafael Rey, reiteró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) debe tener un poco más de sensatez en sus futuras sentencias y no incurrir en injusticias con el pueblo peruano, como ordenar el pago de indemnizaciones a terroristas. Señaló que afecta a todos los peruanos que se ordene pagar indemnizaciones a los terroristas, que han denunciado al Estado ante dicha instancias; más aún cuando ellos ni siquiera pagan la reparación civil que les impone la justicia por los delitos cometidos. 

 

 

Olvidan intencionalmente, que las leyes antiterroristas fujimoristas tuvieron que ser modificadas y adecuadas a los estándares internacionales de los derechos humanos, porque violaban el debido proceso, y hubo necesidad de hacer nuevos juicios a cientos de sentenciados que fueron condenados por jueces militares y sin rostro.

El fujimorismo y sus auspiciadores son responsables que el Estado haya tenido que invertir en horas/hombre para realizar (nuevamente) cientos de juicios, nombrar procuradores para que representaran al Estado en las cortes internacionales y, luego, pagar indemnizaciones y costas judiciales, porque perdió casi todas las demandas.

Además, Alberto Fujimori, y su política de “guerra de baja intensidad”, condenada en los tribunales, es responsable político y penal de desapariciones forzadas, asesinatos y delitos de lesa humanidad, por los que el Estado (es decir todos los peruanos) tenemos que pagar tanto moral como económicamente.

Leyes contra el estado de derecho
A inicios de los años 90, el Partido Comunista del Perú, más conocido como “Sendero Luminoso”, llevaba más de una década desangrando al país. Los logros militares y policiales del Estado en el combate a Sendero y sus prácticas terroristas, eran muy pocos, y los gobiernos civiles (Fernando Belaunde y Alan García) habían cerrado los ojos a los actos de violación de derechos humanos, en especial los producidos contra poblaciones andinas, que sufrieron arrasamientos, desapariciones, violaciones y torturas, por parte de policías y militares que muchas veces cayeron sobre personas no beligerantes.

Desde el decreto legislativo 046, dado por el gobierno de Fernando Belaunde en 1981, hasta las leyes emitidas por Alberto Fujimori, sumaron más de 40 las normas que enfocaban penalmente la política contrasubversiva del Estado, lo cual significa “un incoherente manejo” de este problema, en opinión del abogado Carlos Rivera.

Este cuerpo legislativo que tipificaba por primera vez el delito de terrorismo, no ofreció “una definición clara, precisa y concreta sobre qué acto puede ser considerado como tal”, advierte Rivera en su artículo “Ley penal, terrorismo y estado de derecho”.

En 1987, la ley 24700 establece el procedimiento judicial para juzgar a los acusados de terrorismo, el cual “logró desarrollar algunos principios elementales de un Estado de derecho para la administración de justicia, como la conducción de la investigación por el Ministerio Público, la subordinación de la policía al Ministerio Público, el reconocimiento de la participación de la defensa, la creación de jueces especiales, entre otros”, enfatiza Rivera.

El nuevo Código Penal de 1991 “incorporó el delito de terrorismo y otras figuras de este delito como la asociación ilícita terrorista y los actos de colaboración”, señala Rivera, pero a pesar de ello mantuvo este cuerpo legislativo “dentro de la corriente garantista”, enfatiza el abogado experto en derechos humanos.

“Eso cambió radicalmente tras el golpe de Estado liderado por Alberto Fujimori en abril de 1992”, apunta.

Elegido presidente Alberto Fujimori en 1990 establece su alianza política y mafiosa con Vladimiro Montesinos, quien aplica la doctrina militar de guerra de baja intensidad para enfrentar al terrorismo de Sendero Luminoso y logra que los seguidores fujimoristas en el Parlamento lo aprueben como la “Ley Antiterrorista”. Estas leyes estaban fuera del “marco garantista”, dice el analista Eduardo Toche, es decir violaba normas elementales del estado de derecho, garantías constitucionales, leyes internacionales, entre otros. “Los procesos (contra los terroristas o los que estaban acusados de este delito) eran mal llevados y mal conducidos durante los años 90”, afirma Toche.

El decreto ley 25475 (la Constitución de 1979 había sido derogada por el golpe de Estado de abril de 1992) de mayo de 1992 sobre terrorismo, a diferencia de las anteriores, incluía en un solo texto normas penales, procesales, de organización judicial y penitenciarias, como el establecimiento de la pena de cadena perpetua, la creación de tribunales sin rostro, más poder para la policía, entre otros.

A criterio de Rivera, “la legislación del nuevo régimen se empeñó especialmente en romper las reglas de la precisión y claridad de los tipos penales, con la evidente finalidad de comprender en cada uno de ellos la mayor cantidad de hechos o actos humanos pasibles de ser perseguidos penalmente (…) cualquier acto o hecho puede ser considerado delito de terrorismo”. Además esta norma rompe el principio de legalidad, afirma Rivera.

La ley antiterrorista, de la que tan orgullosos están los fujimoristas, con Keiko Fujimori a la cabeza, el ministro de Defensa, Rafael Rey, el primer vicepresidente Luis Giampietri, fue considerada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como violatoria de los derechos humanos, porque dejaba “completamente desprotegido y sin posibilidad de ejercitar efectiva y ciertamente ningún derecho fundamental”, argumenta Rivera.

Pero el régimen fujimorista atentó además contra el principio de legalidad del estado de derecho, al recalificar como traición a la patria figuras delictivas tipificadas como delito de terrorismo y al entregar a tribunales castrenses el juzgamiento de este ilícito. Esto quedó plasmado en el Decreto Ley 25659.

Susana Grados Díaz
Redacción

 

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