Tragedia griega y respuesta global

Publicado: Domingo 23 de mayo del 2010 | Economía | Imprimir | Compartir

Diario La Primera

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Tragedia griega y respuesta global

Tragedia griega y respuesta global(1) Para evitar sigan repitiéndose crisis como la de Grecia es necesario crear un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana. (2) La creación de un nuevo sistema monetario, pues el actual viene siendo manejado de forma irregular por el Banco Mundial y el FMI.

La tragedia griega, que tanto influyó desde la literatura en la historia de la Humanidad, hoy es una amenaza cierta para el mundo entero. Se apaga la esperanza de gran parte de la población mundial que creía que la grave crisis del capitalismo se podía resolver en poco tiempo. Pero, si bien la crisis angustia, debería ser la oportunidad para regular la economía mundial y al menos poner límites al capitalismo salvaje.

 

 

Parte del problema de los países subdesarrollados o empobrecidos –y ahora de Grecia y de sus vecinos en el Mediterráneo– es que los organismos financieros internacionales serían inimputables y están por encima de todas las leyes y todos los controles, indica estudio de los especialistas.

Ante los sucesivos fracasos de los arreglos convencionales de la deuda, surgió hace ya una década en diversas partes del planeta la idea de un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana, para buscar una solución global y definitiva al problema recurrente del sobreendeudamiento externo y sus consecutivas crisis,

dice el trabajo de Ugarteche. 

 

 

No puede un grupo de inversionistas enfilar con los bonos de un país y contra una moneda de manera coludida ni menos puede llevarse a un país a la miseria para beneficio de unos cuantos financistas, utilizando las empresas calificadoras de riesgo como el instrumento. No es posible que sigan existiendo calificadoras que se deben a sus clientes financieros y no al interés nacional o global, en este caso.

Las sucesivas moratorias han constituido una suerte de telón de fondo de las relaciones de casi todos los países empobrecidos con el mercado financiero internacional. Sin embargo, nótese que a la moratoria también han recurrido muchos países industrializados en algún momento de su historia.

Propuesta global
Ante los sucesivos fracasos de los arreglos convencionales de la deuda, surgió hace ya una década en diversas partes del planeta la idea de un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana, para buscar una solución global y definitiva al problema recurrente del sobreendeudamiento externo y sus consecutivas crisis.

Para ello se debe incorporar a todas las categorías de deudores soberanos y de acreedores. Así, debe haber un tribunal donde tanto los acreedores privados, como los tenedores de bonos, los gobiernos y los organismos multilaterales sean sujetos de un tratamiento homogéneo.

Aquellos documentos que no se presenten a la fecha de las convocatorias de acreedores perderán vigencia y capacidad de cobranza. Eso debería ser parte de una nueva jurisprudencia internacional para eliminar del todo a los free riders: especuladores que lucran de las crisis de deuda.

Un requisito mínimo para comenzar es la inmediata disolución de todos aquellos grupos o instancias donde los acreedores deciden unilateralmente la suerte de los deudores, como lo son el Club de París y el Club de Londres, en vista de su fracaso histórico para todas las partes.

En el campo cuantitativo tampoco habría grandes dificultades si al empezar se da paso a una masiva anulación de la deuda externa pública de los países con graves problemas. La salida pasa por la aceptación de la corresponsabilidad por parte de los acreedores, y a la asunción de pérdidas por parte de éstos.

Un país que se acoja a un tribunal de esta naturaleza estaría aceptando su insolvencia, algo imposible porque los países no quiebran, como pretende el FMI.

Tribunal Internacional
La historia de los créditos muestra que siendo el crédito un contrato privado entre las partes, aunque éstas sean públicas, el ámbito es privado. Por esta razón los conflictos sobre impagos de bonos históricamente fueron tratados en el Tribunal Internacional de París.

Un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana debería ser el resultado de un acuerdo internacional suscrito por la mayoría del mundo, en el marco del código financiero internacional a ser cristalizado lo antes posible.

La neutralidad del código debe asegurar la protección de los deudores, sean los acreedores públicos o privados. Lo que se propone para evitar la figura de “tomar partido” es que la jurisprudencia del acreedor no sea la que se utilice sino una jurisprudencia internacional ampliamente aceptada.

El Tribunal no sería la primera instancia de negociación sino la última en un proceso de refinanciación de deudas. Una a la que se llega cuando las rigideces del sistema y de los instrumentos no permiten un reordenamiento de pagos y una revisión de la validez de los contratos, en un acuerdo amigable entre las partes. Incluso se podría pensar en mecanismos de conciliación previos, cuya viabilidad podría asegurarse por la propia existencia (amenaza) del Tribunal en mención. Una vez pactados los acuerdos de pagos, al mismo tiempo hay que pactar las condiciones de éstos que tienen que estar vinculados a los Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza.

El punto de partida de cualquier solución, que podría incluir la posibilidad de una conciliación, radica en la identificación de las deudas ilegales e ilegítimas. Para ello nada mejor que una auditoría multicriterial, no sólo financiera, con amplia participación ciudadana, tal como se realizó en Ecuador en los años 2007 y 2008.

Proponemos el establecimiento de cláusulas de contingencia en los instrumentos rígidos de créditos, con dos componentes: una cláusula para permitir refinanciarlos, y otra para compartir costos con los acreedores.

Si históricamente se sabe que las caídas en los precios de las materias primas, el alza en las tasas de interés y el cierre del flujo crediticio es lo que precipita una crisis de pagos, se entiende que las crisis de deuda son en realidad crisis de ingresos que se expresan en una incapacidad, por falta de ingresos, de pagar deudas externas. Una cláusula que explicite que en caso de que los ingresos por exportaciones tuvieran una contracción por efecto de un problema ajeno a la economía nacional del deudor, se podría suspender el cobro de las deudas. Sería una forma de evitar traumas críticos y al mismo tiempo abrir la puerta a la posibilidad de un retiro ordenado a tiempo.

El segundo componente es la posibilidad de refinanciar la deuda haciendo uso de cláusulas de acción colectiva, que son aquellas por las que si una mayoría calificada de acreedores bonistas está dispuesta a sentarse a negociar un acuerdo de refinanciación, entonces el íntegro de los bonistas estaría representado. Con esto desaparece la figura de los fondos “buitre” como fue el caso del Elliot Fund con el gobierno peruano.

Acogiéndose a estos principios, el Tribunal tendrá la misión de valorar las deudas y reconocer cuáles son legítimas y cuáles no, invalidando las que no lo son. El Tribunal tendrá la capacidad de suspender los cobros, disponer la cesación de pagos y proteger los activos y los gastos definidos en el nuevo código financiero internacional, así como los derechos de los acreedores. En la práctica, al acogerse un país al Tribunal Internacional de Deuda Soberana se estaría protegiendo para sobrevivir.

Código financiero internacional
En paralelo a esto, es necesario que se establezca un nuevo y mejor sistema monetario y financiero internacional, lo cual no se resuelve con una simple reforma interna de las instituciones como el FMI y el mismo Banco Mundial.

Se precisa un sistema que ayude a regular y normalizar otro proceso de globalización sobre bases de solidaridad y sustentabilidad.

El FMI es hoy quien aprueba las proyecciones de pagos, las compara con las proyecciones de la economía nacional cuya deuda está siendo reestructurada y prueba su consistencia y sustentabilidad. Esta aprobación tiene consecuencias internas para el país deudor y también para el acreedor, inclusive si están mal realizadas. Sus recomendaciones son más que una obligación jurídica y por el peso de su coacción política se ha transformado en los verdaderos planes de gobierno de los países que buscan renegociar sus deudas o conseguir nuevos créditos en el mercado internacional.

Por lo tanto, debe instalarse un mecanismo de sanciones a las proyecciones erradas que precipitan a estos países a cesaciones de pagos por consideraciones erradas aprobadas por el FMI u otros organismos multilaterales de crédito. Parte del problema de los países subdesarrollados o empobrecidos –y ahora de Grecia y de sus vecinos en el Mediterráneo– es que los organismos financieros internacionales serían inimputables y están por encima de todas las leyes y todos los controles. Los organismos internacionales deben rendirle cuentas a alguna instancia, por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, que a su vez podría servir para canalizar las demandas nacionales sobre éstos.

La deuda no sólo frena el desarrollo por su carga de obligaciones, sino que abre la puerta a las influencias y aun a la directa intervención de poderes extranjeros en los asuntos de los países empobrecidos. El derecho penal internacional debe incorporar cláusulas de penalización a la corrupción de carácter internacional con castigos severos para todas las partes involucradas.

El reto de la solución de los conflictos sobre deuda externa impagable exige un redoblado esfuerzo político a escala global, que sume fuerzas en el sur y en el norte, a partir del respeto de las especificidades de los países. La tragedia griega en el siglo XXI debe convertirse en una oportunidad para el mundo. ¡No la desperdiciemos!

Óscar Ugarteche*
Alberto Acosta*

*Óscar Ugarteche es economista peruano, investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Alberto Acosta es economista ecuatoriano, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Fue ministro de Energía y Minas del gobierno de Rafael Correa y presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador.

Versión editada por Carlos Bedoya, la versión completa está disponible en: http://alainet.org/active/38038

 

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