FIPO – 376

El gobierno de Estados Unidos y los derechos humanos

Morir por la revolución es una tarea breve; vivir por ella significa asumir el compromiso más difícil de cambiar los patro­nes de vida de nuestro mundo cotidiano.

FRANCES M. BEAL.

¿Qué pasa con los extranjeros que, huyendo de la tortura, de los arrestos injustos o incluso de la muerte, buscan asilo político en Estados Unidos? Si quienes in­tentan escapar de la persecución política han entrado al país de manera ilegal, ¿el gobierno estadounidense tiene el deber de mandarlos de regreso o de protegerlos? Este conflicto cobró especial relevancia en la década de 1980, cuando las iglesias comenzaron a ofrecer un “santuario” para los que huían de la persecución en sus países de origen.

Bajo la Ley de Refugiados de 1980, los inmigrantes que tengan “un motivo real, fundamentado, para temer la persecución” debido a su nacionalidad, raza, religión u opinión política, tienen derecho a asilarse en Estados Unidos. Uno de los pro­blemas que surgieron entonces fue que a los refugiados de Guatemala y El Salva­dor se les concedió el asilo, entre 1983 y 1989, en una escala mucho menor (2 a 2.5 por ciento) que a los provenientes de la ex Unión Soviética (73 por ciento) e Irán (62 por ciento), debido a que Estados Unidos no estaba dispuesto a admitir su apoyo a las dictaduras militares en esos países centroamericanos, según una de­manda entablada por grupos religiosos y de asistencia a refugiados.35

El Servicio de Inmigración y Naturalización estuvo de acuerdo en resolver la querella al permitir que muchos de los rechazados llenaran nuevamente la solicitud de asilo, como lo hicieron 280,000 antes de la fecha límite de 1991. Sin embargo, bajó la nueva ley de 1997 la mayoría de estos centroamericanos asilados corrían el riesgo de ser deportados. Como los escuadrones de la muerte seguían deambulando por las calles, los índices de homicidio permanecían a la alza en El Salvador: 0.11 por ciento, comparados con el 0.011 por ciento en Estados Unidos. ¿Esas personas debían ser repatriadas?

Rigoberta Menchú recuerda una experiencia que tuvo cuando tenía 12 años de edad y trabajaba en una plantación de algodón en Guatemala:

Cuando el dueño comenzó a hablar, habló en español. Mi madre entendía algo de español y después nos dijo que hablaba sobre las elecciones. Pero nosotros ni siquiera comprendimos lo que nos decían nuestros padres: que los ladinos [hijos de españoles e indios, que hablan español] tenían un gobierno… Nos dije­ron que debíamos ir y marcar un pedazo de papel… Nosv amenazó con quitamos el empleo si alguno de nosotros no iba y marcaba el papel… Llegaron a la finca y nos dijeron que nuestro presidente, por el que habíamos votado, había gana­do. Ni siquiera sabíamos que eran votos lo que nos habían quitado. Mis padres se rieron cuando oyeron “Nuestro presidente”, porque para nosotros ése era el presidente de los ladinos, jamás de nosotros.36

Sin la protección de sus derechos individuales, los ciudadanos de Guatemala eran extremadamente vulnerables. El primero en ser torturado y asesinado fue el hermano menor de Rigoberta; luego su padre murió en la ocupación de la embajada es­pañola37 y, más tarde, su madre fue secuestrada, violada, torturada y, finalmente, asesinada.38

El movimiento de asilo insiste en que quienes huyen de condiciones como és­tas merecen la protección política de las democracias estables, como Estados Unidos, especialmente si su gobierno ha desempeñado un papel, abierto o encu­bierto, en el apoyo de las dictaduras militares. Si mi patria no puede garantizar mis derechos individuales, ¿puedo esperar que el gobierno de otro país me ofrezca protección’