FIPO – 375

presidenciales y las propuestas de candidatos para cargos en el gabinete deben ser confirmados por el Senado; el presidente cuenta con el poder de vetar leyes apro­badas por el Congreso, sin embargo, el Congreso puede contrarrestar el veto con una mayoría de dos tercios; asimismo, las leyes creadas por el Congreso están sujetas a la interpretación de las cortes.

Como hemos visto, la teoría política estadounidense, tal como se expresa en la Constitución, representa una combinación de valores liberales y conservadores. El jefe del ejecutivo, el presidente, es elegido por el pueblo (un respeto liberal pa­ra los derechos individuales), con el Colegio Electoral que actúa como el elector fi­nal (una desconfianza conservadora del juicio del individuo). En la rama legislativa existe la misma clase de equilibrio. Originalmente, la Cámara de Representantes era elegida directamente por el pueblo, en tanto que el Senado era elegido por las legislaturas estatales. La elección directa de los senadores, que es el método que se utiliza ahora, es el resultado de una enmienda constitucional.

La rama judicial se responsabiliza de la interpretación de las leyes aprobadas por el Congreso, las cuales el presidente accede poner en vigor. Este poder de in­terpretación de la ley llegó a ser especialmente significativo en el siglo xx. A me­dida que los casos que sientan precedente llegan a la Suprema Corte, la rama judicial toma cada vez más decisiones que afectan los derechos individuales. En vista de que las designaciones a la Suprema Corte son vitalicias, la filosofía política indivi­dual de uno de los jueces puede tener implicaciones de muy largo alcance.

Desde el principio han sido garantizados los derechos civiles de los ciudadanos estadounidenses. La ratificación de la Constitución no hubiera sido posible sin la promesa de una acción inmediata para incluir la Carta de Derechos. Estas 10 pri­meras enmiendas garantizan, entre otras libertades, el derecho a la libre expresión, a la libertad de prensa y a practicar libremente cualquier religión (o a no tener ningu­na). También se les promete a los individuos el derecho a la reunión pacífica para exigir un cambio, a portar armas, a tener un juicio expedito y público, a la protec­ción en contra de registros y decomisos, y en contra de castigos inhumanos y crueles. La Quinta Enmienda garantiza que ningún individuo será privado de la “vida, la libertad o la propiedad” (en palabras de Locke) sin el “debido proceso de ley”.

Lo que esto significa es que el Estado, a través de su rama judicial, debe mo­verse con precaución y meticulosidad al restringir los derechos individuales, aun de los criminales sospechosos. Como resultado del caso Miranda vs. el estado de Arizona, un sospechoso capturado tiene el derecho de permanecer callado y de que esté presente un abogado durante los interrogatorios. Se les recuerda a los oficiales de la policía que, al arrestar a sospechosos, deben “leerles sus derechos”; si no lo hacen, la corte podría desechar el caso. Los derechos a los que se hace referencia son los civiles, los derechos que un ciudadano tiene como protección contra el poder del Estado. En muchos países, los individuos carecen de esta pro­tección y están sujetos a ser arrestados, y tal vez a ser encarcelados y torturados de por vida, sin que se les informe de los cargos en su contra y sin que cuenten con los medios que les permitan afirmar sus derechos individuales.

Durante la guerra, a veces se han suspendido estos derechos civiles, incluso en democracias bien establecidas como Estados Unidos. Los ciudadanos estadouni­denses de origen japonés fueron internados en campos durante la Segunda Guerra Mundial y muchos de ellos perdieron sus hogares y sus posesiones. También tras los ataques del 11 de septiembre, la Ley Patriota [Patriot Act] de Estados Unidos can­celó o restringió severamente los derechos civiles de los acusados de actividades terroristas.

Es necesario tener un gobierno, pero debemos vigilarlo como

Libertad de expresión… ¡Sólo ten cuidado con lo que dices!

ICE-T