DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, DOCTOR JESÚS M. SALAZAR, CON OCASIÓN DE CELEBRARSE EL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL PRIMER CONGRESO GENERAL CONSTITUYENTE DEL PERÚ, ANTE EL CONGRESO, EL 20 DE SETIEMBRE DE 1922

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS,
DOCTOR JESÚS M. SALAZAR,
CON OCASIÓN DE CELEBRARSE EL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN
DEL PRIMER CONGRESO GENERAL CONSTITUYENTE DEL PERÚ,
ANTE EL CONGRESO, EL 20 DE SETIEMBRE DE 1922
Señor Presidente de la República;
Señores Representantes:
Proclamada la independencia, pudo el Perú, al igual que todo país que se inicia
en una vida nueva, adoptar cualquiera de las formas de organización política y
el régimen gubernamental que, para cada Estado naciente, determinan los
diversos factores concurrentes en la hora de su advenimiento, en coordinación
con el esfuerzo constructivo de sus fundadores. Pudo caer en cesarismo. Pudo
hacerse Estado monárquico. Pudo erigirse –como acabo por serlo– en Estado
Republicano.
Por de pronto, apenas rota la autoridad secular de los virreyes, surge en su
reemplazo el imperio de una dictadura militar. En manos de San Martín se
concentra la plenitud del poder. Por decreto de 4 de agosto de 1821, a los seis
días de la proclamación de la independencia, San Martín declara que “Asume
por sí y ante sí la suprema autoridad de la nación”, y agrega que procede de
esta suerte “Para evitar los males provenientes de convocar Congreso antes de
tener asegurada la independencia”. Dos meses después, el Estatuto
Provisional, de octubre de ese mismo año, preceptúa: “La suprema autoridad
de los departamentos libres del Perú reside, por ahora, en el Protector
General”. Verdad que en este documento se anuncia ya la convocación a un
Congreso General que establezca la Constitución permanente y la forma de
gobierno que regirá en el Estado; pero es lo cierto que, a tenor de sus expresas
disposiciones, tal hecho queda terminantemente diferido “Hasta que se declare
la independencia en todo el territorio del Perú”. Y en la exposición con que se
encabeza dicho Estatuto, San Martín afirma que administrará el poder directivo
del Estado “Mientras existan enemigos en el país y hasta que el pueblo forme
las primeras nociones de gobierno de sí mismo”.
¿Cuándo acabarían los enemigos de ser eliminados del territorio nacional?
¿Cuándo se consideraría que el pueblo había adquirido aptitud para su propio
gobierno? ¿Cuándo se daría por desaparecido el peligro de los Congresos
prematuros?
Todo parecía, pues, presagiar el mantenimiento, a plazo más o menos largo,
de un gobierno discrecional.
Pero, acaso por esto, acaso también por otros indicios, se enciende desde
luego y se agita una intensa inquietud pública en torno de lo que comienza a
reputarse como el monarquismo del protector. El doctrinarismo libertario, hijo
del pensamiento francés de la Revolución, todo un haz de ideales de reforma
que venían constituyendo algo así como la fuerza luminosa en mitad misma de
las campañas emancipadoras, reclamaba premiosamente la adopción de las2
formas republicanas, el imperio de la soberanía. Una fuerte presión ambiente
impone sus mandatos sobre la robusta dictadura; y es así como San Martín, al
mes apenas de la expedición de su mencionado Estatuto, se ve forzado a
contrariar las tendencias y preceptos contenidos en éste y, ya fuera por virtud
de sincero designio, ya fuera para calmar los requerimientos de la opinión,
expide el decreto de 27 de diciembre por el cual convoca al Congreso General
para mayo del siguiente año.
El Congreso no se reúne en la fecha señala. Los azahares del esfuerzo
guerrero parecen cohonestar la postergación de aquel hecho. Es únicamente
meses después, de vuelta ya de su célebre entrevista con Bolívar, cuando el
Gran Capitán de los Andes se apresura a abreviar los cuidados conducentes a
la reunión del Congreso y este se instala, por fin, con la solemnidad de los
acontecimientos magnos, tal día como hoy, hace cien años, el 20 de setiembre
de 1822.
Con la juramentación de los primeros Diputados peruanos y la entrega que
ante ellos hace San Martín del poder de que estaba investido, termina el primer
gobierno dictatorial que tuviera el Perú y se inicia el primer régimen informado
en el principio de la soberanía de la nación.
De aquí el alto significado histórico de este día. El 28 de julio de 1821 entró el
Perú en la vida independiente. Pero es sólo el 20 de setiembre de 1822,
cuando se inaugura nuestra organización institucional, es sólo en esta fecha
cuando se inicia nuestra marcha ascendente camino de la democracia.
El Congreso Constituyente adquiere la fisonomía que le imprime el ambiente
mental de la época. Formado, más que a base de procedimientos propiamente
electivos, como resultante de una selección de valores personales, en él
domina cuanto hay de más avanzado en la capital en materia de intelectualidad
y de cultura. Junto al academismo de Rodríguez de Mendoza, campea la
sabiduría política, los refinamientos de pensamiento y de acción de Javier de
Luna Pizarro; al lado del liberalismo combativo, inflexible y rumboso de
Mariátegui, se agita la impetuosidad reformista, envuelta en fogosidades
geniales, de Sánchez Carrión; junto al brillo de los prestigios guerrero de La
Mar, destaca la serenidad, el equilibrio y la disciplina del cerebro y de la
palabra de José Hipólito de Unanue, y en torno a éstas y otras grandes figuras
centrales, se agrupan todos los restantes elementos.
Palpitantes los ecos de la Gran Revolución, en boga las enseñanzas del
enciclopedismo, la Asamblea se hace, en su espíritu, una viva encarnación de
la filosofía política rusoniana y, en sus exterioridades, un animado reflejo de la
turbulencia pintoresca y trágica de la Convención francesa.
La vida de la Constituyente estaba predestinada a desenvolverse en medio de
intensas vicisitudes. Fenecido el poder de San Martín y ausente éste,
repentinamente, del país, el Congreso asume en realidad el Gobierno misma
de la nación, nombrando una Junta Gubernativa formada con individuos salidos
de su seno. Los elementos militares de la capital, a favor de motivos
circunstanciales, impelen a poco a la Constituyente a proclamar la Presidencia3
del coronel de la Riva Agüero. La Constituyente, a su vez, se aprovecha de los
peligros derivados de la aproximación de las fuerzas realistas y, desde su
nueva sede, el Callao, arma de facultades ilimitadas al general Sucre, llama a
Bolívar y concluye por deponer a Riva Agüero. Riva Agüero reúne nuevamente
a la Asamblea en Trujillo; pero, no pudiendo dominarla a su albedrío, la
disuelve, erigiendo, para suplantarla, un cuerpo diminuto compuesto de diez
congresales adictos, en el cual, bajo el pomposo nombre de Senado, pretende
encontrar apoyo para su autoridad. Don Bernardo de Tagle, encargado del
poder por Sucre, reinstala el Congreso y éste le confiere el título de Presidente
de la República.
Entra en seguida la Constituyente a ocuparse en la formación de la nueva
carta. El 12 de noviembre de 1823 decreta y sanciona la primera Constitución
Política del Perú.
Cediendo, no obstante, a las exigencias de la defensa de la causa nacional, se
ve forzado a conferir a Bolívar facultades extraordinarias y tiene que poner,
desde luego, fuera de vigor todas aquellas disposiciones que resultaban
inconcebibles con tales facultades. Poco después, consagra la dictadura del
Libertador, encomendándole la suprema autoridad de la nación, pone en
suspenso la Constitución entera y todas las leyes que fueran incompatibles con
el ejercicio de esa autoridad y termina declarando su propio receso.
El Congreso Constituyente de 1822 acredita una innegable desadaptación
entre el criterio del Legislador y la misión que tenían por realizar. Bajo la
exterioridad de un cuadro de preceptos sujetos a un prolijo articulado, en vez
de sancionar una Constitución, podría decirse que se dio el lujo de coordinar un
tratado teórico de derecho político. Imbuido en las tendencias del espíritu de la
época, se esfuerza por congregar en sus fórmulas las más avanzadas
adquisiciones jurídicas del momento. Olvida manifiestamente que el problema
capital que tiene por resolver consiste en planificar y afirmar las bases de una
organización sólida, fuerte, duradera. Para nada parece tomar en cuenta ni las
condiciones de nuestro medio territorial, geográfico y topográfico, ni la
complejidad y heterogeneidad de nuestros factores étnicos, ni el nivel y las
sinuosidades de la cultura de nuestras masas pobladoras, ni las
trascendentales derivaciones de un régimen político secular dotado de tan
hondas peculiaridades como el que acaba de destruirse. Lo único que le
preocupa en la perfección de los postulados que dicta; el refinamiento, la
gallardía y la adopción de los principios que consagra. La Constitución de 1822,
no es obra de estadistas: es obra de eruditos.
Lejos de pensarse en poner a la cabeza del Estado naciente un gobierno
fuerte, bastante a propiciar el surgimiento y la afinación de la nacionalidad,
predomina el empeño por enervar por todos los medios las actividades del
poder. Paralelamente a la limitación de las facultades del Ejecutivo se
ensancha el campo de acción del Poder Legislativo. Mientras al primero le quita
hasta la potestad de nombrar libremente los empleados de la administración, al
segundo le otorga hasta el derecho de autorizar el empleo o no de la fuerza
armada “En caso de alguna revolución declarada en el interior de la República”
y aún el de consentir o no que la milicia cívica pueda traspasar los linderos de4
provincia a provincia. Y por encima del uno y del otro, se levanta, como fuerza
poderosa de restricción, el pesado mecanismo de un cuerpo conservador, que,
si hubiera podido tener justificación en un país en el cual una estabilidad
secular hubiera creado un exceso de autoridad, carecía de toda razón de ser
en un pueblo en el que hacía falta crear la función primaria de toda
organización política: el gobierno.
Constitución tejida de utopías, engranaje de perfeccionamientos idealistas y
verbales, estaba destinada a no regir. Si hay algo que pone al Congreso de
1822 en conexión con la realidad política de aquella hora, ello no consiste, por
cierto, en el hecho de haber dado la Constitución, sino en haber tenido la
entereza de ponerla inmediatamente en receso. El acto de más elevado sentido
político que realizaran los Diputados de entonces, muy por encima de sus
lirismos, por encima de sus exageraciones principistas y de sus mismas santas
rebeldías, está en haber enviado mensajeros de su seno que trajeran a Bolívar
para encomendarle la consumación de la independencia americana. Y es que a
despecho del pueril empeño con que a menudo la fantasía de los hombres
parece buscar rumbo convencional a los acontecimientos, prevalece siempre la
fuerza de las necesidades vitales a que se encadena el destino de los pueblos.
Error e injusticia habría, si embargo, en no reconocer y proclamar el vigor y el
brillo estupendo de aquella memorable Asamblea. En esa agrupación de sabios
y de visionarios selectos se nos ofrece la primera espléndida presentación de la
intelectualidad peruana, con los caracteres centrales con que habrá de presidir
luego todos los vaivenes de nuestra iniciación en la vida independiente. La
sincera exaltación patriótica de sus oradores será el ejemplo en que se inspiren
más tarde todas nuestras campañas de tribuna. En las arrogancias
doctrinarias, en la intolerancia de las ideas de aquellos Diputados bravíos, se
encontrarán siempre las manifestaciones más ricas de la fuerza de las
convicciones y de la valentía de las actitudes. La misma Carta que sancionara,
si no pudo tener la virtud de convertirse en el instrumento inmediato y preciso
de regulación de la vida nacional, encierra, en cambio, todo un hermoso cuadro
de ideales que podrán, alcanzar, lentamente, progresivo desenvolvimiento. De
aquella Asamblea, en suma, se desprendió una vasta cimiente de cosas
buenas que irá fructificando al correr de las edades.
La historia de nuestro primer Congreso reproduce fielmente y por adelantado la
historia de todos nuestros Congresos posteriores. Al igual que aquel, los
Congresos que le sucedieron sufren la influencia cambiante de la anarquía y
del caudillaje. Surgen y desaparecen siguiendo la quiebra permanente de
nuestra estabilidad. Todos los gobiernos reconocen en ellos la única fuente de
la legitimidad del poder y la base de toda normalidad constitucional. Los
mismos regímenes dictatoriales, al eliminarlos precariamente, no hacen otra
cosa que poner a prueba su indestructible vitalidad.
Los Congresos resultan así no sólo la manifestación más expresiva de nuestras
formas republicanas, sino el órgano más robusto y de más hondo arraigo en
nuestra estructura colectiva. Pero, si es innegable la compenetración de la
instalación legislativa con la esencia misma de nuestra organización política, no
podría afirmarse que haya dominado una precisa adaptación entre las5
modalidades de la acción de nuestros Congresos y las finalidades que a estos
cuerpos corresponden en general y que, en nuestro medio, particularmente, les
cumplía realizar. En nuestros Congresos han predominado, sobre los cuidados
de la obra legislativa, las impulsividades de la brega política. Más bien que a la
determinación de reglas de actividad, han propendido a asumir la conducción
misma del Estado.
En la tarea propiamente legislativa, nuestros Congresos siguen fielmente la
huella de la Constituyente de 1822. El afán del perfeccionamiento teórico, la
obsesión de las formas, la devoción por las afirmaciones ultraprincipistas,
imperan en Constituciones y en leyes. Un a modo de permanente anublamiento
de la visión del mundo exterior, para llevar a todas nuestras asambleas al
ilusorio empeño de incrustar la dura realidad de las cosas en el pintoresco
engranaje de las leyes, más bien que a dar a las leyes el sentido y las
peculiaridades impuestas por la realidad de las cosas. De aquí, los preceptos
innecesarios; de aquí, los preceptos que no pueden cumplirse; de aquí, los
preceptos destinados a ser violados. Sin haber todavía legislación bastante, va
formándose, junto a la legislación eficaz y progresiva, una legislación
infecunda. Y -lo que es peor- por obra de los propios Legisladores, por obra
misma de la ley, tiene que mantenerse abierto, en buena medida, el camino de
la ilegalidad.
Sin dejar de haber tenido trascendentales derivaciones, no ha estado más
exenta de Congresos. No ha dominado lo bastante en nuestros cuerpos
parlamentarios el espíritu de la cooperación dentro del poder, cooperación que
ya comunica, ya resta fuerza, a los gobiernos, pero que mantiene la estabilidad
y la conserva. Nuestros Congresos no siempre discuten los actos de los
gobernantes, para afirmarlos, orientarles o corregirles. Cuando apoyan a los
gobiernos tienden a dominarlos y a sustituirlos. Cuando los combaten, la
aspiración capital que les empuja se dirige a derrocarlos.
Se ha mantenido así una casi perenne agresividad de los Congresos en contra
de los gobiernos. No es extraño, por tanto, que los gobiernos, a su turno,
hubieran de volverse a menudo contra los Congresos; constituyendo esta
contraposición en la acción de los Poderes, el hecho más reiterado, si que
también más grave, a través de toda la historia de nuestra vida política.
No es mayor sabiduría la que nuestra institución parlamentaria reclama. Los
Congresos no son academias. La ciencia que los Congresos necesitan fluye
del avance del caudal medio de la ciencia nacional.
Tampoco hace falta buscar, al menos de momento, que en ellos se proyecten
las llamadas agrupaciones partidaristas. Acaso mañana, cuando nuestros
partidos políticos hayan dejado de ser lo que han sido, lo que son en todos los
países de cultura análoga a la nuestra, meros agregados fluctuantes de
hombres en los que se albergan eventualmente las ambiciones y los egoísmos;
cuando esos partidos se hayan formado con los caracteres de tales
propiamente; cuando a la afirmación de la unidad de la ciencia nacional y a la
elevación del nivel de nuestras masas haya seguido la delimitación, en la
amplia colectividad, de las grandes corrientes en que se distribuyen las ideas y6
la acción en las sociedades modernas, acaso entonces la proyección de esas
corrientes podrá tener influencia saludable y no perturbadora, en el mecanismo
y en la acción de los Congresos.
Hoy por hoy, las necesidades capitales de nuestra vida parlamentaria son
precisas: tratar de imprimir un mayor sentido de la realidad en la obra
legislativa; y orientar la acción política dentro de los dos extremos en que se
encierra todo el desideratum de nuestra organización gubernamental: la
defensa de los derechos individuales y colectivos, pero junto con ella y como
condición de ella, la defensa de la estabilidad.
Pero, precisamente para esto, precisamente para conseguir el mantenimiento
de sus finalidades y asegurar la fecundidad de su acción, lo que, sobre todo, se
impone es defender y afirmar, definitivamente y para siempre en nuestros
Congresos, la legitimidad de su mandato. Es preciso que sean, antes que todo,
lo que deben ser: una fiel, una vigorosa encarnación de la soberanía. Por
mucho tiempo, casi al correr de toda nuestra vida independiente, los
Congresos, al par que los gobiernos, se han sucedido a merced de la voluntad
todopoderosa de los caudillos o bien engendrados por las maniobras
artificiosas de los círculos oligárquicos. De hoy para en adelante los Congresos
ya no habrán de ser sino hechura de los pueblos.
Quiere decir, en suma que lo que nuestra institución parlamentaria necesita
preferentemente no es todo aquello que sobreabundaba en el Congreso de
1822: intelectualismo, erudición dominio de la filosofía política, fogosidad
tribunicia arrebatadora y centelleante; lo que nuestros Congresos de hoy y de
mañana han menester es, precisamente, aquello otro que nuestro primer
Congreso no pudo tener por entero: la sustantividad, la fuerza del mandato
representativo. Si del Congreso de 1822 pudo decir alguien que fue un
Congreso formado de filósofos y señoritos, del Congreso de 1922, la crítica
histórica no podrá -como ya me cupiese el honor de proclamarlo en ocasión
memorable– dejar de constatar que es un Congreso formado por
Representantes detrás de cada uno de los cuales se yergue la autoridad del
querer de todo un pueblo.
A vos, señor Presidente, os ha cabido el honor insigne de haber comunicado
impulso decisivo al movimiento que nos lleva a la definitiva democratización de
nuestras instituciones. A vosotros, Legisladores, os corresponde la tarea de
consagrarlo y afirmarlo.
No olvidemos, los unos y los otros, que la obra que en tal sentido realicemos
constituirá el más hermoso homenaje para nuestros próceres del pasado, al par
que la ofrenda más rica para las generaciones del porvenir.