MENSAJE DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL PERÚ, GUILLERMO E. BILLINGHURST ÁNGULO, AL CONGRESO NACIONAL, EL 24 DE SETIEMBRE DE 1912

MENSAJE DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL PERÚ,
GUILLERMO E. BILLINGHURST ÁNGULO,
AL CONGRESO NACIONAL, EL 24 DE SETIEMBRE DE 1912
Honorables Representantes:
La insignia presidencial con que acabáis de cruzar mi pecho, símbolo es de la
voluntad de los pueblos que vosotros habéis sabido interpretar y reconocer en
vuestros altos designios, para traducirla y consagrarla con la fórmula solemne
de la ley.
Acato con ánimo reverente esa voluntad y entusiasta me someto a ella, no
porque haya jamás perturbado mi espíritu ambición alguna por el poder, sino
porque expresión genuina y espontánea de reciente evolución producida con
impulso imponderable, en el ardiente campo de nuestra política, ha querido
designarme como el interprete y ejecutor de sus anhelos y mandatos que yo
sabré cumplir leal y puntualmente, para entrar de lleno, en la existencia de la
democracia, realizando, así, el verdadero Gobierno del pueblo, para el pueblo y
por el pueblo.
Con la noción perfecta de mis deberes cívicos, tenía forzosamente que
respetar la voluntad de la nación y no he trepidado un instante en obedecerla.
Peruano, antes que todo, he procedido de acuerdo con los dictados de mi
conciencia y las inspiraciones del más puro patriotismo; y así, al prestar mi
juramento, dominado tan sólo por el interés de la República y contrario, como
soy, en lo absoluto, a los antiguos y gastados métodos, he prometido y he de
serlo, honorables señores, completamente extraño a las sugestiones
partidaristas y a las influencias de círculo, por seductoras que ellas sean.
Cúmpleme, pues, declarar con honrada franqueza, que, desde este momento
histórico, no tengo más vínculos que los muy sagrados que me ligan a mi
patria. En esta virtud, por la devoción con que me consagro a ella, y en
obsequió a la enorme responsabilidad que, por servirla, asumo e inspirándome
en la opinión pública, he de ser Gobierno eminentemente nacional, como lo
exigen, de consuno, con el aleccionamiento de pasado y la visión clara del
futuro, de uno a otro confín, todos los pueblos de la República.
Y sólo en esta forma es posible gobernar en estos tiempos, en que la cultura
política se ha infiltrado prodigiosamente en todas las clases sociales. Por
fortuna, a las violentas sacudidas que conmovieron, desde su base, el edificio
del Estado; a la aciaga turbulencia que esterilizaba los progresos, en todo
orden obtenidos; a la inquietud y la zozobra, que dan origen a la abstención, a
la desconfianza y pesimismo político, causas del naufragio del entusiasmo y de
la fe; a las encarnizadas luchas que inundaban con sangre fratricida el santo
hogar de la patria, persiguiendo, no ciertamente el ideal de la redención, sino el
éxito de ambiciones personalísimas; a todo esto, merced a la innegable
intervención de la Providencia, ha sucedido el espíritu de orden que flota
radiante sobre todos los ámbitos de la República, como brisa de salud y
regeneración de los pueblos.2
En los grandes como en los pequeños centros de población y hasta en las
aldeas más reducidas y apartadas, vibra, como luz de nueva y fulgente aurora,
ese espíritu de consuelo y esperanza; de suerte, que en todas partes se clama
por la paz; se siente la necesidad de ella y se la reputa la más sólida base de
prosperidad y de venturas públicas. A esa paz, honorables señores, a ella,
principalmente, debe el Perú esta portentosa reacción incruenta, que ha de
llevar, no sólo a nuestros pueblos, sino más allá de nuestras fronteras, en
estruendosa resonancia, con honra y prez del magistrado que acaba de
efectuar la tranquila transmisión de sus poderes presidenciales, el elocuente
testimonio de nuestro amor al orden y a nuestras instituciones, que nos coloca
en aptitud de cosechar los frutos del trabajo, de aspirar el puro ambiente de la
libertad y de robustecer nuestras fuerzas, para la defensa de nuestra soberanía
y el mantenimiento incólume de nuestros derechos.
El orden público reclama, pues, la atención solícita de los pueblos mismos,
porque son ellos los que más inmediatamente disfrutan de sus inapreciables
beneficios. Mantenerlo, por medio de la acción conjunta y serena de la
autoridad y de los ciudadanos, es cautelar con acierto los grandes y
primordiales intereses de la patria. Suprimir todo pretexto que pudiera retardar
o entorpecer la acción social de la justicia, es, por otra parte, obligación cuyo
cumplimiento pesa de manera ineludible, tanto sobre los Legisladores como
sobre los encargados de hacer cumplir las leyes.
En más de una oportunidad he tenido el honor de manifestar los puntos más
salientes de mi programa de Gobierno, que me complazco en someter a
vuestro ilustrado criterio, y que he formulado en armonía con las ideas
dominantes en el país, con el medio en que se desarrolla nuestro organismo
social, con los recursos de que podemos disponer y con los dictados de la
experiencia y la enseñanza objetiva de la realidad; programa que comprende,
precisa aunque implícitamente, la prosecución de las obras públicas iniciadas
con arreglo a las leyes vigentes, porque hay conveniencia económica,
manifiesta, en no cambiar de rumbo, ni menos abandonar los esfuerzos
realizados dentro de un periodo administrativo, sino, por el contrario, en
imprimirles mayor impulso, a fin de no diferir los adelantos ideados, ni
malgastar, junto con un tiempo precioso, los caudales públicos y las energías
todas de la nación.
En cuanto al orden internacional, he manifestado antes de ahora y es deber
mío el repetirlo, que: “En el concierto de la vida americana el Perú necesita
hacer una política de paz exterior, así como asegurar su tranquilidad interna. La
paz es para el Perú su vida, la condición esencial de su existencia económica e
industrial y, por lo tanto, una sana política le aconseja evitar toda complicación,
pero sin comprometer jamás su honra”.
En conformidad con estas ideas, mi Gobierno se empeñará en cultivar con el
mayor esmero, ciñéndose a nuestra diplomacia tradicional, las relaciones que
felizmente nos ligan con las naciones amigas y en toda solución de carácter
externo, tendrá presente, siempre, las más premiosas exigencias del decoro,
del derecho y la justicia.3
He señalado, también, entre las diversas reformas que deben adoptarse, la
relativa a una nueva ley electoral, que ofrezca positivas garantías al libre
ejercicio del sufragio, base esencial del régimen democrático, organizándolo de
tal modo que no sólo refleje las ideas y aspiraciones políticas de la mayoría
sino que, dando representación a las minorías, promueva la controversia de
todas la ideas y exteriorizando la plenitud de la verdad revele las distintas fases
de la opinión. Entonces el proceso electoral expresará, realmente, todos los
anhelos de la comunidad política, condición de equidad y de justicia
indispensable al tranquilo funcionamiento institucional de la República.
Con referencia a la organización del sufragio, que es derecho inalienable y
sagrado, creo hoy, como ayer, que “Hay positiva conveniencia en reemplazar
toda la estructura actual con disposiciones de un mecanismo simple, con
preceptos de la más fácil inteligencia para todos y cuyos resortes estén a la
vista, como prenda de la rectitud del procedimiento, obligando,
imperativamente, a todos los partidos o meros interesados en el resultado del
sufragio, a intervenir y fiscalizar no sólo los actos de la emisión del voto y el
escrutinio, sino también la constitución y el ejercicio de todas y cada una de las
juntas y comisiones llamadas a funcionar transitoria o permanentemente en el
proceso electoral”.
Dejo, asimismo, expuesta mi manera de pensar relativa a la organización del
trabajo para suprimir el fenómeno que se propaga, por desgracia, en nuestro
país, de una manera intensiva y alarmante, y que lleva a playas extrañas la
sangre de nuestra sangre, cuando nuestra soberanía y nuestra patria misma
demandan no sólo el esfuerzo de sus hijos, sino aún corrientes de inmigración
europea, que cultive nuestros campos, que explote nuestros filones metálicos,
que haga prosperar nuestra industria y, en general, que propenda al
incremento de la riqueza pública y privada.
Me he preocupado, también, de las deficiencias que resultan en la práctica,
relativamente a la aplicación de la ley de accidentes del trabajo, la cual no
abarca toda la extensión que a su espíritu y propósitos corresponden; e
igualmente, he atendido al rol que cumple a empeñar la organización de la
instrucción pública para obtener de ella, sin dilaciones y de manera segura,
todo el bien que está llamada a producir; así como a la conveniencia de llevar
la irrigación a nuestras extensas costas, actualmente estériles y aún
refractarias a la vida del hombre; a las exigencias de nuestra agricultura; a la
construcción de casas para obreros; a la orientación y modificaciones que
reclama la institución militar, esto es, el Ejército y la Armada; al mejoramiento,
ensanche, seguridad y servicio de nuestros puertos; y de manera detenida, he
cuidado de exponer todo lo concerniente a la ardua y trascendental operación
de formular el Presupuesto General de la República, que es la gran rueda que
dirige el funcionamiento regular y metódico de toda la máquina administrativa.
No se me oculta, honorables Representantes, que para la realización de los
propósitos que acabo de enunciaros, he de tropezar, no pocas veces, con las
dificultades inherentes a nuestros hábitos y costumbres, sin conseguir siempre
las facilidades indispensables para obtener el éxito completo que los pueblos
tienen el derecho de exigir; pero al mismo tiempo me asiste el profundo4
convencimiento de que las obras y las reformas en proyecto han de alcanzar
término definitivo y satisfactorio, siempre que auspiciadas por la acción
simultánea, paralela y armónica de los poderes políticos, se emprendan y
ejecuten con incansable empeño, sujetándose a los procedimientos que
determinan la ciencia, el cálculo y una dirección prudente y concienzuda.
Insistiendo en este propósito, creo firmemente que nada puede coadyuvar con
mayor eficacia al logro completo de los fines anhelados, como el empleo de
una buena política, esto es, de una política que asegure la paz exterior, al
mismo tiempo que el orden interno; porque de otra manera toda economía es
ilusoria y toda reforma verdaderamente impracticable.
La buena política implica la inversión honrada y discreta de las rentas públicas;
el imperio de la justicia; el ejercicio, sin trabas, de la libertad; el amplio
desarrollo de la iniciativa individual y las garantías que son su corolario; pues,
sólo así, hay también el derecho de exigir a los contribuyentes la retribución de
los servicios públicos.
Es, además, condición esencial de toda buena política y exigencia perentoria
en el manejo honrado de los caudales públicos, el control y la publicidad de los
ingresos y egresos fiscales, a fin de que en ningún caso deje de establecerse la
respectiva constancia del dinero que satisfacen los contribuyentes, ya entre o
salga de las arcas fiscales, así como la regularidad de su recaudación y del
empleo a que se le destina, operaciones que requieren ser comprobadas por
administradores responsables; debiendo ejecutarse la verificación de todos
estos procedimientos, en la forma y época que la ley señale, por magistrados
expertos, severos y de notoria probidad.
Normalizada la situación interna de la República, tranquilos ya los ánimos que
enardeciera la pasada situación política, hay toda urgencia en ocuparse, de
manera preferente, en las cuestiones financieras que demandan, por su
singular importancia, pronta y acertada solución.
Jamás, como al presente, razones tan poderosas han exigido al Gobierno la
consagración más absoluta a todo lo que contribuya a difundir el crédito y
fomentar la riqueza pública. Devolver al Perú el grado de prosperidad que
alcanzara cuando todavía poseía los depósitos de guano y los yacimientos de
salitre; estimular, con intensidad, el desenvolvimiento de sus industrias y su
comercio, y favorecer la propagación del trabajo nacional, son deberes de
política previsora y patriótica, que no pueden postergarse, sin riesgo de los
factores de adelanto, de la bienandanza y del porvenir del país.
Como punto de partida y condición esencialísima del resurgimiento del Perú,
desde el punto de vista financiero y económico, conviene, ante todo,
reconquistar la confianza necesaria, dentro y fuera de la República, con leyes
fáciles de aplicarse, que protejan y den garantías a todos los que vienen a
radicarse en nuestro territorio, extirpando, cuidadosamente, todo germen de
perturbación, llamado a entorpece el funcionamiento normal de nuestras
instituciones y el ejercicio fecundo de la actividad individual; problemas que5
sólo pueden resolverse por la acción combinada, sincera y perseverante del
Gobierno y de la opinión pública que lo sustenta.
Las cuestiones hacendarias, que son la piedra angular de los grandes
progresos económicos y administrativos, serán, por lo tanto, objeto de la
predilecta atención de mi Gobierno; más al respecto importa no olvidar que las
leyes e innovaciones políticas, los debates enojosos y casi siempre estériles
del espíritu partidarista, ceden el campo, en todo país bien constituido, a las
leyes, soluciones y reformas financieras; y al Perú no le será lícito sustraerse a
esta práctica, que es el resultado de la experiencia que ningún sacrificio
impone y que, por el contrario, es tan provechosa como patriótica.
Ha llegado, pues, la época en que debe abordarse, con criterio desapasionado,
el problema del restablecimiento del crédito, que es el alma del comercio y de
las industrias, y en cuyo seno se agita el trabajo, que es la vida de los pueblos,
y sin el cual ellos sucumben, anonadados e impotentes, en medio de
conmociones sociales y de crisis pavorosas, que engendran la pobreza y la
miseria, y conducen a la ruina y al caos.
Para reconstituir el crédito no se requiere la acción violenta del esfuerzo y la
adopción de providencias extremas; basta, comúnmente, para conseguirlo,
sentido recto, voluntad enérgica y perseverante y la firme resolución de aplicar
a las finanzas públicas el mismo esmero, el mismo entusiasmo y el mismo
tesón que se aplican a las controversias del orden político.
Y es la condición primera y la más importante para que nuestro país prospere y
adquiera el envidiable puesto en que se encuentran otras naciones
sudamericanas, la de consolidar y extender su crédito, ensanchando el
comercio, difundiendo sus industrias y otorgando facilidades para el ejercicio
saludable de la iniciativa privada bajo sus diversas manifestaciones, para lo
cual fuerza es que el Perú tenga fe en si mismo, que no desespere de su
presente, que no hay razón para considerarlo adverso; y que, sin vacilaciones
ni desalientos, marche, resuelta y abiertamente, en pos de la situación que le
corresponde y del inmenso porvenir que le ofrecen la explotación de sus
variadas riquezas naturales y el concurso potente de sus innumerables huestes
obreras.
En cuestiones económicas y financieras nada puede reputarse hecho, mientras
haya algo por hacer y perfeccionar; y adoptando este criterio es como deben
emprenderse todas las reformas que el desarrollo del país y su mayor cultura
requieren.
Equilibrar el Presupuesto de la República, estudiar los gastos y autorizarlos con
juicio y precisión, calcular con rectitud los ingresos, cubrir los desembolsos
extraordinarios con las entradas extraordinarias, satisfacer los egresos
ordinarios con los ingresos ordinarios y normales; he ahí el ideal hacendario
que debemos perseguir de modo invariable para labrar, efectivamente, la
prosperidad, la ventura y el engrandecimiento del país.
Legisladores:6
La voluntad de la nación se ha cumplido: voy, pues, a comenzar el ejercicio del
Gobierno.
Sé que tengo deberes inexcusables en orden al mantenimiento de la concordia
y la armonía entre las diferentes entidades políticas que han cooperado a mi
exaltación al honroso puesto en que hoy me encuentro. Procuraré cumplirlos
con la lealtad que corresponde al interés nacional, que es el único que ha de
preocupar mi espíritu, como que es el único, también, que debe elevarse sobre
todos los demás intereses, por grandes y transcendentales que ellos sean.
Como yo no siento sino gratitud para todos, ni tengo más aspiraciones que el
bienestar y la grandeza de mi patria, amparando el derecho de todos,
respetando sus ideas, sus fronteras, sus propósitos y sus convicciones, en el
terreno de la ley, atento a las evoluciones de la opinión que es la suprema
fuerza de los pueblos, sólo he de buscar, en la difícil labor que me toca y para
darle cima donde quiera que se hallen y cualesquiera que sean sus matices
políticos, la buena voluntad, el esfuerzo, la inteligencia y la energía de los que
pueden servir la obra nacional.
Honorables Señores:
Sin odios, sin prejuicios, sin apasionamientos, con amor entrañable a mi patria,
pido al cielo su divina protección y os reitero mi profundo y sincero
reconocimiento.7
PROCLAMACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA1
El Congreso Nacional, después de maduro e importante debate, ha declarado
la nulidad de las elecciones políticas realizadas el 25 de mayo y, a la vez,
haciendo uso de la facultad contenida en el inciso 10 del artículo 59 de la
Constitución, ha elegido y proclamado Presidente de la República para el
periodo constitucional 1912-1916 al señor don Guillermo E. Billinghurst;
acatando en esto la voluntad de los pueblos, manifestada perentoriamente en
comicios cívicos y en actas plebiscitarias.
El ciudadano así elegido para regir los destinos del país es un estadista
avezado en los negocios públicos y excepcionalmente preparado para el alto
puesto que va a ocupar.
Ha sido alcalde municipal de Iquique, Diputado a Congreso por la misma
provincia en 1875-1879, coronel y jefe de Estado Mayor de Ejército durante la
guerra con Chile, cónsul general en Iquique, Senador por Moquegua, Primer
Vicepresidente de la República, ministro plenipotenciario en Chile y alcalde
municipal de Lima.
La notoria competencia y el relevante civismo con que el señor Billinghurst
sirviera todos estos cargos son garantía segura de que desde la primera
magistratura de la nación hará a ésta bienes positivos y corresponderá con ello
a la halagadora confianza con que todos los pueblos y todos los partidos lo han
aclamado como el hombre necesario para gobernar el Perú en las presentes
circunstancias.
PROCLAMACIÓN DEL CIUDADANO DON GUILLERMO E. BILLINGHURST
COMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
LEY N° 1,571
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto:
El Congreso ha dado la ley siguiente:
El Congreso de la República Peruana:
Teniendo en consideración:
Que en las elecciones realizadas en la República en los días 25 y 26 de mayo
último, no ha sufragado la tercera parte de los ciudadanos hábiles para votar;
1
El Peruano, miércoles 21 de agosto de 1912.8
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley Electoral de
20 de noviembre de 1896, no ha habido elección legal; y
Que, en consecuencia, el Congreso ha procedido a elegir Presidente de la
República, ejercitando la atribución que le infiere el inciso 10° del artículo 59 de
la Constitución;
Ha dado la ley siguiente:
Artículo único.- El Congreso ha elegido y proclamado Presidente de la
República al ciudadano don Guillermo E. Billinghurst, para el periodo
constitucional que comenzará el 24 de setiembre de 1912 y terminará el 24 de
setiembre de 1916.
Comuníquese, al Poder Ejecutivo para que disponga lo necesario a su
cumplimiento.
Dada, en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los veintiún días del
mes de agosto de mil novecientos doce.
Rafael Villanueva, Presidente del Congreso
Pedro Rojas Loayza, Secretario del Congreso
Arturo Rubio, Secretario del Congreso
Por tanto:
Mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de agosto
de mil novecientos doce.
A. B. LEGUÍA