MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO, ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO, MANUEL MENÉNDEZ, AL CONGRESO NACIONAL, EL 16 DE ABRIL DE 1845

 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO, ENCARGADO
DEL PODER EJECUTIVO, MANUEL MENÉNDEZ,
AL CONGRESO NACIONAL, EL 16 DE ABRIL DE 1845
Ciudadanos de las Cámaras de Senadores y Diputados:
Tengo la inefable satisfacción de llenar una de las más augustas funciones que
atribuye la Constitución al Presidente de la República; la de anunciaros que se
halla instalado el Congreso Extraordinario para que habéis sido convocados y
de que están abiertas sus sesiones.
Fuertes han sido y muy violentas las tempestades que han precedido a este día
sereno, por el que han suspirado todos los buenos patriotas; todos los que
aman la ventura de esta desgraciada patria; y ciudadanos escogidos de entre
los mismos pueblos, animados del más puro patriotismo, testigos de sus males
y sufrimientos, y conocedores de sus verdaderas causas, harán seguramente
que no sean ilusorias tantas esperanzas y que siga una época de paz, de gloria
y bienandanza a la de luto y lágrimas que hemos dejado atrás.
Tan fausto día brillará en nuestra atmósfera política, como brilla en el
firmamento el astro de la luz; y cuando la posteridad lea estas páginas de
nuestra historia, no murmurará de sus progenitores, como lo habrá hecho al
recorrer las que les han precedido. Nuestros hijos dirán: «Por el desacuerdo de
nuestros padres iba a hundirse en una sima la patria que debía recibirnos en su
seno y darnos la vida»; pero apareció un genio que sobreponiéndose a la
innoble pasión de dominar sin regla, sojuzgo al ambicioso, aterró al anarquista,
proclamó el imperio de la ley y nos legó la libertad de que disfrutamos.
Entonemos cánticos de alabanzas al Dios de la inmensidad, que ha querido
consolarnos de tantos males permitiendo nuestra reunión en el augusto
santuario de las leyes. Y vosotros, dignos Representantes de una nación
desgraciada pero generosa, contraeos con asiduidad a cicatrizar sus heridas,
dictando las medidas que vuestro celo y experiencia os inspiren, para que no
volvamos a desviarnos de la senda en que estamos hoy colocados por los
esfuerzos del guerrero filósofo, que ha sabido remover los obstáculos que
obstruían el paso.
Entro ahora en la penosa e indispensable obligación que me impone la ley
fundamental de la República. Tomaré el tiempo corrido desde que se puso en
receso el Congreso de Huancayo, que corresponde en su mayor parte a la
época en que me ha tocado regir los destinos de la patria.
Después de los males experimentados, consecuencia de las divisiones y
partidos que había engendrado sin duda el deseo uniforme de constituirnos, sin
haber podido acordarnos en los medios de lograrlo; después de los terribles
contrastes padecidos, hasta el de haber perdido casi nuestra independencia,
era de esperar que la experiencia de lo pasado nos hiciera más cautos para no
sufrir una recaída en lo venidero. Así se lo prometieron los hombres sensatos y
vieron casi realizadas sus nobles aspiraciones en el corto tiempo corrido desde
la publicación de nuestro código fundamental, en diciembre de 1839, hasta el

mismo mes de 1840. Parece increíble que en el transcurso de un año hubieran
podido repararse los daños causados por una guerra civil, que había durado
seis; que había movido todo desde sus fundamentos; que había dado ocasión
a prodigar los tesoros destinados a satisfacer nuestro crédito y nuestras
necesidades en útiles y máquinas destructoras del hombre y de su bienestar; y
que había hecho de la fortuna pública el pábulo del agiotista y el objeto del
peculado. Pero la verdad es que el Gobierno, a cuya cabeza se hallaba
entonces el Generalísimo don Agustín Gamarra, nombrado constitucionalmente
Presidente de la República, había adquirido crédito, al que contribuyeron
también los arreglos y economía de su Ministro de Hacienda, benemérito
general don Ramón Castilla; que se le ofrecían empréstitos con un interés
moderado; que el acreedor empezó a ser pagado; y que el empleado percibía
ya la renta con que la nación quiere compensar sus servicios. Todos estos
bienes desaparecieron desde que don Manuel Ignacio Vivanco quiso erigirse
en árbitro de los destinos públicos y dio en Arequipa el grito de rebelión que fue
sofocado en la memorable jornada de Cuevillas por el impertérrito general
destinado a sostener heroicamente nuestra Constitución y leyes, como su
antagonista está decidido a hollarlas vilmente. Éste recomendabilísimo general
condujo por tierra una división que marchó combinada con la que
personalmente llevó por mar el Generalísimo Presidente. Desgraciadamente
esta sedición tenía ramificaciones con otra que estalló en Bolivia a favor de don
Andrés Santa Cruz, cuando había fugado de Arequipa el faccioso Vivanco y
retirádose a esta capital el Presidente de la República, Generalísimo don
Agustín Gamarra. Así fue que a los pocos días tuvo que emprender una nueva
campaña en que se preparó una muerte gloriosa para él y fatídica para su
patria en los campos de Incahue.
Perdido casi todo el Ejército y su armamento, agotado el país de recursos,
sembrada la consternación y la alarma por casi todos los ángulos de la
República; el Perú habría quedado a merced del vencedor sin el patriotismo y
los esfuerzos de los pueblos del sur, que sin más arbitrios que los que
suministra el valor desesperado, pudieron contener ese torrente desbordado
que venía a arrasar la tierra de nuestros padres. Los impresos, los partes
publicados y que sin duda habréis leído, os hablarán con más elocuencia de lo
que puedo hacer hoy. Los recorría entonces admirado y enternecido. Esta es la
ocasión de recomendaros unos ciudadanos que por tantos títulos son
acreedores a la gratitud nacional y merecen que les hagáis una manifestación
digna de vos y de sus heroicos sacrificios. Ellos derramaron su sangre y
perdieron su fortuna; y el huérfano y la viuda hacen la mejor prueba de que
tiene el Perú hijos que aman sobre su vida el honor y la dicha de su patria.
Desde aquí empieza una nueva era en que se ven de un lado el patriotismo y
desinterés y del otro el aspirantismo y la intriga, una mezcla de pasiones nobles
y de ambición desmesurada. Los hechos se me agolpan, procuraré ordenarlos
y ser conciso para no fastidiaros. Ellos han pasado a vuestra vista y podéis
juzgarlos como yo.
La desgracia de Incahue fue como un golpe eléctrico que se comunicó
instantáneamente a todas las clases de la sociedad. Los más gritaban
venganza y no veían al dar este grito más que el honor de la patria ultrajada;

algunos predicaban la paz, pero aquella paz que es el fin de la guerra, si deja
bien puesto el nombre del beligerante. Cualquiera que fuese el partido que se
adoptara, era indispensable levantar un Ejército que recuperara los laureles
que se nos había arrebatado, o que obligara al vencedor a deponer las armas
bajo condiciones honrosas. No se consigue la paz sin estar bien preparado par
la guerra. Guiado por esta máxima tan antigua como la sociedad, emprendí la
formación de un Ejército y en muy pocos días vi, como por encanto, puesta en
pie una fuerza respetable, capaz de llenar su misión. Cesaron los
resentimientos y cada uno corrió a presentar su contingente de servicios. Hubo
padre que ofreció el único fruto de su casto amor y que quiso desprenderse del
báculo que la naturaleza le tenía preparado para su ancianidad, por que
corriera a defender los derechos de la patria. Una campaña abierta bajo de tan
bellísimos auspicios, no podía dejar de prometer un desenlace glorioso; pero lo
echó a perder todo el aspirantismo. En este Ejército en que sólo se hablaba al
principio de gloria y que se sintió animado del noble ardor de las batallas,
enseguida empezó a discutir la paz; y la fuerza que debía sostener el honor y
los derechos de la nación, se hizo el instrumento de un partido. Antes que
estallara una sedición en el Ejército, fue necesario prestarse a suscribir unos
tratados, que si no son ventajosos al Perú fueron los que pudieron obtenerse
en las difíciles circunstancias en que se ajustaron. Están publicados y se os
presentarán, y persuadidos como yo de la verdad de cuanto refiero, me
excusaréis el desagrado de extenderme acerca de unos pormenores, que ojalá
fuera posible borrarlos hasta de la memoria de nuestros contemporáneos.
En aquella misma época estaba asechado el Perú por los emigrados, que a
consecuencia de la restauración se habían asilado en el Ecuador y encontraron
en su gobierno una acogida que propasó los límites de la humanidad hasta
chocar con los principios más obvios del Derecho Internacional. Nos había
venido ya una cruzada que fue preciso combatir a mano armada; los
preparativos se hicieron en Guayaquil, en la claridad del medio día, zarpó la
expedición de este puerto equipada y municionada y desembarcó en una caleta
excusada de la provincia de Piura. Por esto y por las comunicaciones de
nuestros corresponsales se sabía, que no sólo era tolerada allí esta mala
conducta, sino que era protegida y apoyada por el Gobierno. Motivo era éste
para pedir explicaciones y, si no éramos satisfechos, adoptar los medios que
para tales casos tiene establecido el uso de las naciones civilizadas. El
Gobierno del Perú muy lejos de dar este paso se propuso otro de conciliación y
prudencia, y acreditó un ministro cerca del ecuatoriano, que con su presencia le
recordara los deberes de vecino; y aún lo autorizó plenamente para entablar
negociaciones, que removieran todo motivo de aprensión y todo pretexto de
queja. Nada fue bastante para lograr nuestro objeto. Desde las primeras
comunicaciones habló nuestro ministro de las miras hostiles que abrigada el
Ejecutivo del Ecuador de otra expedición que zarparía de Guayaquil para
trastornarnos el orden en el evento de un contraste del Ejército en Bolivia, en
cuyo caso se pretendería también arrancarle concesiones avanzadas sobre
límites y deuda, pretensiones antiguas y exageradas del jefe de esa
administración. Todo sucedió como se había anunciado: el ministro tuvo que
despedirse consultando el honor de la nación que representaba y dejó al
Ecuador en alarma contra el Perú. En este estado, no era prudente dejar el
norte descubierto, como lo estaba, por hallarse concentradas todas las fuerzas

en el sur. Se dispuso, pues, la formación de otro Ejército, que serviría además
de reserva al del sur en caso de otra desgracia y se encargó su mando a otro
jefe. Los generales en jefes de estos dos Ejércitos, que no debieron tener otro
fin que defender la República de los ataques exteriores, se llenaron
recíprocamente de celos, quisieron sacar del Gobierno el partido que a ninguno
debía concederse, mientras sus miras no fueran arregladas a la ley y se
revolucionaron casi al mismo tiempo en 28 de julio y 16 de agosto de 1842. En
el Cuzco se invocó la misma Constitución que se atacaba y en Lima el Jefe de
la nación, que confesaba no tener investidura que diera apariencia de legalidad
a su usurpación, puso por fundamento de su «misión» las actuales
calamidades de la patria, haciendo consistir sus deberes en el respeto
inviolable a los derechos del hombre, y la solución de sus responsabilidades en
los resultados de su empresa. El Gobierno entonces se hallaba combatido por
dos fuerzas y la nación se vio dividida entre dos Ejércitos que ninguno daba la
menor garantía. Abandonado así y aún perseguido por los mismos que debían
sostener mi autoridad, tuve que alejarme de mi patria para salvar en alguna
manera los respetos que se deben al jefe del Ejecutivo, y evitar el escándalo de
un crimen más, que quizá se hubiera perpetrado en mi persona. Los rebeldes
sostuvieron sus pretensiones al frente de las fuerzas que acaudillaban; y en
Agua Santa quiso la suerte favorecer al Segundo vicepresidente del Consejo
de Estado, que se había pronunciado campeón del general en jefe del Ejército
del Sur. El Congreso tomará en consideración estos sucesos y decidirá si una
revolución es también un medio de obtener el mando supremo; sí han quedado
bien puestos los artículos 152 y 153 de la Constitución; si deben subsistir todos
los actos de esta administración bastarda; y si están bien nombrados los
generales que aún el Ejecutivo legal no puede nombrar sin la aprobación del
Congreso y fuera del número que designa el artículo 147 de la misma. Me he
abstenido de pronunciar nada sobre estos particulares por respeto a la
corporación que autorizó sus actos y en obsequio también a la tranquilidad
pública en los momentos de haberse restablecido el régimen constitucional y
haber yo asumido el mando.
Precedieron a esta revolución sucesos escandalosos, que no es posible
silenciarlos y cuya omisión dejaría un vació en este Mensaje. El general en jefe
del Sur, que obraba sin sujeción a las órdenes del Gobierno, dispuso que el
general don Miguel San Román, que mandaba una división, sometiese una
parte de sus fuerzas a otro jefe que le designó. Esta disposición era contraria a
mis instrucciones y se negó a cumplirlas el general San Román, quién por otra
parte había penetrado ya su objeto. Divididos así, se dirigieron ambos
generales al Gobierno, manifestando sus quejas y acriminándose
recíprocamente. Les mandé entonces que suspendiesen sus hostilidades, y
que permaneciese estacionado cada uno en el punto en que recibiese la orden
suprema. El general San Román se retiraba hacia la capital, y obedeció; pero el
general don Antonio Gutiérrez de la Fuente, desdeñando someterse a los
mandatos del Ejecutivo, lo persiguió hasta Ayacucho y precisó a continuar su
retirada hasta Jauja. Esto dio mérito a que el Ejecutivo declarara rebelde al
general que desconocía su autoridad.
Deseoso de evitar una guerra fratricida, el derramamiento de sangre peruana y
sus funestas consecuencias, consulté al Consejo de Estado el nombramiento

de sus comisionados que arreglaran a esos dos jefes, y que dieran de baja al
Ejército por mutuos convenios. Este paso, que no agradó sin duda al General
en Jefe del Norte, precipitó su revolución. El General San Román entonces se
hallaba colocado su revolución. El General San Román entonces se hallaba
colocado en una posición muy difícil. Tenía que elegir entre sus perseguidores,
que se habían declarado ya el 28 de julio, proclamando al Prefecto del Cuzco,
que era el segundo Vicepresidente del Consejo, y servía con licencia de éste
aquel cargo, o se plegaba a la revolución de Lima del 16 de Agosto, que
encapotaba el titulado Jefe de la Nación. Eligió entre dos males el que le
pareció menor, uniéndose al que hacía la guerra a sus enemigos.
Ya os he dicho el término de esta contienda en Agua Santa, en cuyo campo la
victoria lisonjeó a los de la sedición del 28 de julio. Ellos se proclamaron
constitucionales, sus partidarios los saludaron con este título, y hasta el
Consejo de Estado nombró una comisión de su seno para que fuera distante de
la capital a felicitar al Segundo Vicepresidente, que entró seguidamente y
prestó su juramento ante el primero, a quien se hizo abandonar el puesto a
pretexto de enfermedades, que no le aquejaban, ni le impedían concurrir a la
presidencia de su corporación. La época aciaga de esta administración será de
una memoria eterna por la profusión con que se han repartido los grados
militares; por la prodigalidad con que se ha distribuido la fortuna nacional; y por
la imprudencia con que se han infringido la Constitución y las leyes. ¡Asombra
el silencio del Consejo en estos días infaustos! No levantó una vez sola su voz
para representar al Gobierno acerca de tan escandalosas violaciones, mientras
que fue tan escrupuloso durante mi anterior administración, que no me dejó
respirar por mis disposiciones indiferentes, que no tenían visos de infracción.
El Consejo quedará satisfecho de los motivos que impidieron al Presidente del
Consejo de Estado hacer la convocatoria dentro de los diez días que fija el
artículo 82 de la Constitución, a presencia de la crisis en que se hallaba la
República por consecuencia de la invasión boliviana. Ocupados los pueblos del
departamento de Puno y algunos del de Moquegua, alarmados los de Arequipa
y Cuzco; sus habitantes en la precisión de defenderse de una agresión extraña;
y cuando en toda la extensión de la República se levantaban tropas; no era
dable que los ciudadanos entraran en el ejercicio del poder electoral. El
Consejo opinó del mismo modo y me fue preciso someterme a su voto en un
caso que no había prevenido el legislador. Muy luego que se firmó la paz con
Bolivia y que sus tropas dejaron libre el territorio peruano, se hizo la
convocatoria para llenar todos los fines constitucionales. Las elecciones casi
concluidas quedaron sin efecto por las revoluciones que me apearon del
mando y por la que siguió don Manuel Ignacio Vivanco, en actitud ya de
renovar su empresa desde la del 28 de julio. En premio de sus traiciones se le
hizo general de brigada y comandante militar de Arequipa por el general en jefe
don Antonio Gutiérrez de La Fuente; se quitó del puesto al coronel don Manuel
Mendiburu, que servía por órdenes del Gobierno; y se le confió una fuerza con
que pudiese llevar a cabo sus planes ambiciosos y tiránicos.
Esta época es la de más escándalos en todo el tiempo de nuestras guerras
civiles. Alucinados algunos con sus promesas de Congreso y respeto a la ley,
que violaba y conculcaba en los momentos de su exaltación al mando, y

fastidiados con los desaciertos de la impopular administración que acababa de
sucumbir, titularon a Vivanco el hombre de las esperanzas, cuando alejaba
más las de orden, cuando rasgaba la Carta en que se hallan escritas nuestras
garantías, se proclamaba absoluto y no dejaba la menor apariencia del régimen
representativo, base de nuestras instituciones. Empezó por crearse una
especie de legalidad, haciéndose reconocer Supremo Director y arrancando el
execrable juramento de obediencia y cumplimiento a sus decretos, órdenes y
disposiciones, sin comprometerse a nada por su parte. Los Reyes de España
no exigían este juramento, sino después que habían prestado el suyo de
guardar los fueros de las provincias de su dominación.
Esta conducta atroz excitó el patriotismo del benemérito general don Ramón
Castilla, le recordó sus deberes y sus pasados triunfos, y acometió la heroica
empresa de restaurar la Constitución, sin contar con otros recursos que su
valor y pericia militar. Sólo y sin armas proclamó el imperio de la ley en uno de
los pueblos del departamento de Moquegua; y fue secundado por estos
heroicos habitantes que han prestado un argumento para no tener por
fabulosas las hazañas de los pueblos antiguos, cuando vencían ejércitos
fuertes y aguerridos, que pretendían arrebatarle su libertad. Este departamento
merece mucho de la patria y vosotros lo tomareis en consideración para
resarcir a sus habitantes las pérdidas que han sufrido en una lucha desigual; y
para decretarle honores que inmortalicen su fama y la trasmitan de generación
en generación.
Los triunfos de Pachía y San Antonio dejaron en pacifica posesión del
departamento de Moquegua, a los valientes que se propusieron defender y
sostener nuestras instituciones; y en la imposibilidad de entregar el mando de
la República a las personas llamadas por la ley, crearon una Suprema Junta
Provisoria, que debía componerse de un miembro que nombraría cada
departamento, conforme se fueran libertando. Esta junta ha sostenido el peso
de la administración pública en la parte del sur durante su incomunicación con
la capital. Por sus disposiciones se ha mantenido el orden constitucional y se
ha obrado hasta alcanzar el memorable triunfo del Carmen Alto, que acabó con
la farsa directorial. Sus servicios son muy notables y deben grabarse
indeleblemente en el corazón de todo peruano. Sin ella seguramente que no se
habría restablecido el régimen legal, estaríamos aún a merced de los
anarquistas y muy distantes de consuelos que sienten los patriotas en este día
venturoso. Sus actos se han ejercido en nombre de la nación y en conocido
provecho suyo. La Junta Suprema tiene pues en su favor las simpatías de todo
peruano y debe contar también con su voluntad. Razones son éstas que deben
pesar mucho en vuestro ánimo al entrar en el examen de sus actos
administrativos. La honradez, probidad y buena fe de sus miembros, están
marcados con el sello del desprendimiento y desinterés.
Al triunfo del Carmen Alto precedió el pronunciamiento del 17 de junio en Lima,
que si no llenó los votos de los constitucionales, extinguió al menos los restos
de esperanza que aún mantenían los directorales; y preparó el campo para el
10 de agosto, en que se desarrolló la opinión pública; arrancó el bastón de las
manos espurias que lo empuñaban y lo puso en las de la persona autorizada
por la ley a presidir los destinos del Perú. El estado de mi salud no me permitía

aún echar sobre mis débiles hombros el peso del Gobierno. El clima de Chile,
adonde pasé los dos años de mi expatriación, poco análogo a mi
temperamento, había debilitado mi constitución y me era necesario consultar su
restablecimiento en una vida de calma. Estas razones y otras políticas de
conciliación, que no pueden ocultarse a vuestra perspicaz penetración, me
obligaron a entregar el mando al vicepresidente del Consejo de Estado. Por
invitación de este magistrado y en circunstancias muy difíciles y peligrosas para
la patria hice el sacrificio de mi salud, de mi tranquilidad y de mis intereses,
abandonados tres años y lo reasumí el 7 de octubre. En este tiempo no habré
hecho todo lo que demandan las exigencias de mi patria, todo lo que puede
alcanzar un genio sobresaliente; pero nada he excusado de lo que inspira el
más puro patriotismo, no he omitido esfuerzo ninguno; y si bastaran estas
prendas a suplir los talentos que la naturaleza no me ha dotado, seguramente
que me retiraría a la vida privada lleno de gloria, como me retiré satisfecho con
el testimonio de mi conciencia. He hecho ante las aras de la patria el sacrificio
de mis pasiones. Me habéis visto rodeado de las mismas personas que habían
sido cómplices de mis calumniantes y perseguidores, los he llamado para que
me ayuden a la empresa de pacificar los pueblos del norte, he confiado a
algunos de ellos el mando de departamentos y provincias, y les he dado parte
en mis confianzas. A esta conducta franca y conciliadora se ha debido la
cesación de las hostilidades en el norte, en el que a nombre de la Constitución
y de las leyes se derrama la sangre peruana; a ella se debe que en menos de
treinta días se haya concluido la anarquía sin un soldado y que al entrar en
esta capital el Ejército vencedor de los campos de San Antonio, Pachía y
Carmen Alto, se le haya recibido con los brazos abiertos y reconociéndole
importante servicios prestados a la causa del orden.
Congreso era el grito unánime de un extremo a otro de la República y la Junta
Suprema de Arequipa y el Ejecutivo en Lima, correspondieron a esta voz
consoladora. La primera tuvo sus razones para convocarlos en una Cámara y
el segundo no hallaba que pudiese instalarse sino en dos, y difirieron la
convocatoria en este punto de vital importancia. El Presidente de la Junta,
consonante siempre con sus principios, hizo el sacrificio de su opinión y se
sometió al acuerdo del Consejo de Estado. El resultado fue el Supremo
Decreto de 14 de diciembre de 1844, que mandó elegir los Senadores en los
departamentos que habían omitido su elección. El Gobierno se ocupó después
de repetir sus órdenes y a mérito de ellas os hayáis instalados ya y en el
ejercicio pleno de las facultades que os atribuye la Constitución Política de la
República.
Ninguna otra cosa lisonjera puedo deciros en el ramo de gobierno. Las
revoluciones, las guerras civiles y los trastornos, no dejan absolutamente obrar
el bien; son épocas de destrucción y no de edificación. Dejemos por ahora este
cuadro melancólico, cuyo bosquejo convertiría en duelo ese día de satisfacción
y de contento. Gocémonos con la idea lisonjera y positiva, de que el orden trae
consigo la abundancia; que nuestro suelo abunda en recursos y medios de
prosperidad; que nuestro suelo abunda en recursos y medios de prosperidad; y
que un gobierno justo y moderado que sostenga la paz interior y exterior, podrá
contribuir, al correr de algunos años, al resarcimiento de nuestras pérdidas y al
adelantamiento de nuestros goces.

Nada parece que haya invertido el orden de nuestras relaciones exteriores, las
que se hayan en pie con todas las nociones del antiguo y nuevo mundo, a
quienes están abiertas las puertas bajo las condiciones que prescriben los
reglamentos peruanos. Los trastornos políticos han dado ocasión a
irregularidades que han producido algunas quejas y reclamaciones. Serán
éstas oídas y examinadas con la imparcialidad que demanda la justicia, y
cuando ésta requiera, de nuestra parte se satisfagan o indemnicen algunos
daños, serán decretadas la satisfacción o indemnización. Así tendrá también el
Perú su derecho más expedito, cuando de su lado tengo satisfacciones para
exigir o daños que reclamar, Si en tales ocurrencias no bastasen las facultades
de que se hay investido el Ejecutivo o sus luces o experiencia no alcanzan a
dar cima a algunos asuntos internacionales que pudieran suscitarse, el
Congreso que abunda en poder y sabiduría, lo autorizará y le demarcará la
conducta que deba seguir. Es uno de los principales objetos de su reunión,
ocurrir a las exigencias de la patria, para la que no bastan las facultades que
nuestra carta ha detallado al Ejecutivo. Es imposible casi en épocas como las
que han pasado en el Perú, dejen de suscitarse desagrados entre los
ciudadanos que habitan el país, y es preciso que desaparezcan, como
desaparecen las desavenencias de una familia, cuando se ha alterado por
algunos días el reposo doméstico. No todos los individuos ven del mismo modo
los negocios políticos, y si todos son capaces de convenirse en el
reconocimiento del mal. No sucede lo mismo cuando se trata de aplicar el
remedio. De aquí nace la divergencia de opiniones en que se halla envuelto el
nacional y el extranjero, de aquí los resentimientos que suelen conducir a los
hombres a dar pasos avanzados; y no puede entonces decidirse de parte de
quien se halla la culpa de un hecho violento. Cuando se disputa entre dos
facciones acerca de los medios de arreglar mejor el Estado, aún los vecinos
sienten una dificultad para mantenerse neutros, involuntariamente se inclinan
más al uno que al otro partido. ¿Qué sucederá con los que se hayan entre los
contendientes, y que tienen en el país intereses, relaciones y simpatías? Es
imposible dejar de mezclarse en las disensiones y sufrir también como los
ciudadanos. Estas observaciones no pueden dejar de influir en el ánimo de los
Estados amigos, para no sostener con tanto rigor reclamaciones cuyos
principios se han desvirtuado indudablemente desde que no puede reputarse
guardada una estricta neutralidad. El Gobierno se promete que haciendo valer
estas razones de justicia y de conveniencia, se desvanecerán, sino todas, las
más de las quejas que pudiere afectar en alguna manera a nuestras relaciones
con Estados amigos.
Ha sido preciso prestarse a ajustar algunos tratados que se someterán a
vuestra aprobación para que sena ratificados. Con el Gobierno de los Estados
Unidos se ajustó uno por medio de sus comisionados para transigir el monto de
algunas presas tomadas a los súbditos de aquel Estado, durante la época de la
guerra de la independencia. Fue condición de este Tratado, como no podía
dejar de ser, que se ratificaría previa aprobación del Congreso del Perú y del
Presidente del Senado de la Unión. Por nuestra parte no ha podido llenarse
hasta ahora esta condición y el haberse arrogado esta prerrogativa el
usurpador Vivanco, ha ocasionado algunas contestaciones con el Encargado
de Negocios de aquella República amiga que quedarán ahora plenamente
satisfechas.

La guerra con Bolivia concluyó por unos tratados de paz, que fue indispensable
ratificar desde luego, como se hizo con el voto del Consejo de Estado. Sin
llenarse el requisito de la ratificación, no habría cesado la alarma en los dos
pueblos beligerantes, por poco tiempo que hubiese durado esta incertidumbre,
habrían sido grandes los males que hubieran sufrido la República. Hallaréis
además la justificación de esta medida en los hechos que os he referido antes
relativos a este suceso y en muchos de los documentos que pueden
acompañarse a estos tratados.
Durante la revolución que sostenía Vivanco, se introdujo al Perú don Andrés
Santa Cruz con el objeto de causar en Bolivia una revolución que lo restituyera
al mando de aquel Estado y que lo pusiese quizás en actitud de emprender el
restablecimiento de su querida Confederación. Las autoridades de la
independencia de la Junta Suprema, por cuyo territorio se había elegido para
estacionarse y acechar a Bolivia, y lo pusieron a disposición del benemérito Sr.
General don Ramón Castilla, miembro de la Junta y General en Jefe del
Ejército Constitucional. Este General que une la humanidad al valor, no creyó
que debía derramar sangre de este enemigo capital de su patria desde que le
fue entregado vivo por el oficial que lo había aprehendido ciñéndose a la letra
de la declaración del Congreso de Huancayo del 21 de Setiembre de 1839, que
autoriza a todos los funcionarios públicos y ciudadanos para que lo entreguen
vivo o muerto si osare pisar el territorio peruano, sin prevenir lo que deba
hacerse de él quedando vivo. Se le mantuvo preso, y como en este estado el
Gobierno de Bolivia manifestaba tener recelos de que pudiera evadirse y
hubiese aún tenido pretensiones de que se le entregara, fue preciso consultar
un medio que conciliase la seguridad del prisionero, evitar al gobierno de
Bolivia sus aprehensiones, y no comprometía el honor de la nación con una
acción indigna de ella. Se convino en que el gobierno de Chile lo retendría a
disposición del Perú, y allí se conserva hasta ahora en calidad de prisionero
nuestro, no obstante que aquel Gobierno se negó a ratificar el tratado
celebrado con la Junta. El encargado de negocios de Chile vino autorizado
para concluir este asunto, y se ha hecho un tratado que se someterá al
Congreso, y quesera ratificado si obtiene vuestra aprobación.
La revolución que no ha dejado ramo de la administración pública a que no hay
extendido su maléfica influencia, ha perjudicado en extremo a la administración
de justicia. Nuestras leyes se resienten de su remota antigüedad, y no puede
encontrárseles hoy la bondad que tuvieron en el siglo en que fueron dictadas.
Las de procedimientos, al menos, no llenan su objeto, y el litigante de mala fe
halla en ellas un vasto campo para obscurecer los derechos del otro con quien
litiga, o para eternizar al menos la conclusión del juicio que le ha de privar de
los bienes que no son suyos. Esta es materia que nuestros Gobiernos ha
tomado otras veces en consideración, nombrando comisiones para que
trabajaran proyectos que se presentasen al Congreso, pero no se ha podido
lograr un fin tan importante. La ley del 20 de noviembre de 1839encarga a la
Corte Suprema la formación de un proyecto de reglamento de Juzgado y
Tribunales con sujeción estricta a nuestra Constitución el que formado debía
hacerse observar por el Ejecutivo, previa audiencia y aprobación del Consejo
de Estado. El Supremo Tribunal, cuyas luces y experiencia judicial lo ponen al
cabo de las exigencias públicas en este ramo de su inspección e incumbencia

atroces injurias, fuertes diatribas, en que no se deja ver otra cosa que un
estúpido aspirantismo. ¿Será que no hay hombres pensadores capaces de
expresarse con dignidad, y de proponer reformas útiles, o desmienten las
antiguas producciones peruanas del tiempo del coloniaje, en que se hallaba
comprimido el genio y carecía de la libertad y de los elementos que lo hacen
desarrollar? Las causas pues son otras, y se encuentran en la licencia que ha
sustituido a la libertad, y que hacen huir al hombre de luces y moderación, de
un campo en que ha de habérselas con otras que desconocen estas calidades,
sin las que no puede llegarse al convencimiento.
Si la ley no quiere que se tome en consideración la vida privada del injuriado,
aunque el agresor pueda probar las injurias que ha publicado ¿a qué viene
permitir esta publicación? Más prudente será prohibir estos artículos, y hacer
responsables de ellos al impresor, a quien en este caso no alentará el sórdido
interés que no podrá compensarle las molestias de una prisión o el desembolso
de una multa. En los casos en que interesa a la nación la prueba de un crimen
cometido en el ejercicio de un cargo público, vemos a los autores de los
impresos defenderse, entrar en el juicio, por medio de las arterías de una
chicana abusiva. No ha sido pues el amor a la justicia el que puso la pluma en
las manos del escrito, y sí, el desahogo de pasiones mezquinas o de
resentimientos que quieren vengarse a costa de la opinión de un funcionario
público. Hágase entonces de modo que el juicio se concluya breve, que el
empleado sea presentado como un prevaricador y sin derecho a las confianzas
que indebidamente se le han hecho, o que el calumniante sufra la pena a que
es acreedor por su mordacidad e injusticia. Desde que se denuncia el papel por
el injuriado, nada tengan que ver las Cortes de Justicia sino el Jurado y juez de
Derecho en las estaciones del juicio, en que solo ellos son llamados a
intervenir, hasta que sentenciada la causa, se interponga la correspondiente
apelación para la Corte, que no podrá contraerse más que a los casos que le
atribuye la ley, de ver si se han llenado sus ritualidades, así se ha impuesto
otra pena que la prescrita en ella. Fuera de estos casos, la Corte, deberá
repeler de plano las apelaciones bajo de la más estricta responsabilidad. ¿A
qué viene el artículo que dispone que habiendo dos votos por la absolución se
tenga por absuelto el autor del escrito injurioso? Se dice que es por favorecer la
libertad, y lo que se experimenta es que se favorece la licencia, más enemiga
de la libertad que las mismas restricciones. Déjese el resultado del fallo a la
mayoría de los votos, como se observa en todos los juicios, y lo exige el buen
sentido.
El anónimo es el abrigo de la maledicencia: todo el que escribe debe firmar sus
producciones y cuando no se haga así, no se busque a otro que al impresor, a
quien se exigirá la responsabilidad de estos escritos.
Los jurados deben tener las cualidades que ser requieren para ser Diputados.
La ley no dice quien deba calificar a los jurados, y parece de necesidad que se
declare, para que no recaigan estas augustas funciones en personas indignas
de ejercerlas.
Los jueces de paz entienden en la administración de justicia de los negocios de
menor cuantía: son elegidos por los colegios parcialmente en sus distritos. Sus

funciones son de importancia, porque aunque versan sobre asuntos de corto
valor, son relativos a personas a quienes vale su poca fortuna tanto, como al
rico sus grandes tesoros. Los medios que tiene para perseguir sus derechos
son limitados, y es preciso que descansen en la probidad y tino de los jueces.
Se ha hecho entre nosotros esta judicatura un objeto de especulación, y recae
por lo común en personas que carecen de las calidades que requiere la ley.
Deben tener los requisitos que la Constitución demanda a los individuos de la
Cámara de Diputados. Estos se califican por su respectiva Cámara: ¿quién
califica a los Jueces de paz? No lo dice la ley y es preciso que el Congreso lo
declare, para evitar el escándalo de ver encargados de este ramo de la
administración de justicia a hombres indignados de tal confianza.
Se halla vacante la Silla Metropolitana por fallecimiento del M. R. Arzobispo
fray Francisco Sales de Arrieta. Cuando por el Ejecutivo se exigió del Consejo
de Estado la correspondiente terna para presentar a la persona que hubiese de
nombrarse Arzobispo, se ha excusado a verificarlo por no estar dada la ley
según la cual debe el Consejo formar la terna para la presentación de
Arzobispos y Obispos. Es de necesidad que el Congreso dé esta ley, si en
realidad no la hay, o que se sirva declarar cual sea, si existe y se halla en pie.
Este paso es de una extrema necesidad, así para atender a las exigencias de
la Iglesia, a la que hace gran falta su pastor, como también para excusarnos el
compromiso que se ha tocado ya de tener que recibir Obispos, que no han sido
presentados por un Gobierno legítimo, quedando así atacado el patronato
nacional, que es uno de los derechos más sagrados de los inmanentes de la
soberanía.
La hacienda se halla en un estado ruinoso, consecuencia de las dilapidaciones
que ha sufrido, de los gastos que han emprendido los revolucionarios y de los
empeños en que se han visto precisados a entrar los mandatarios legítimos
para restablecer el orden, llenar en parte sus compromisos y atender a las
necesidades públicas. De aquí ha provenido el aumento de los créditos
pasivos, el crecimiento de sus intereses, los abonos librados contra las
Aduanas, la paralización del pago de sueldos y la consiguiente emisión de
billetes, que en el tráfico disminuyen las rentas, ya se les considere en el pago
de los derechos fiscales, ya jugando de continuo en el agio, en que representan
como dinero junto con el que efectivamente han prestado los agiotistas. La
Aduana del Callao tenía un empeño de 470,795 pesos de 7 de Octubre de
1844 en que reasumí el mando supremo. Desde entonces se ha disminuido
esta deuda algo, sin que hay podido avanzarse más en su desempeño, por
atender con algo de sus sueldos a los empleados, a quienes se tenía
olvidados, y por la precisión de cubrir los presupuestos del crecido Ejército, que
casi todo grava sobre la capital, sin haber sido posible conseguir su reducción.
El Ramo de Arbitrios adeuda por libramientos que no están cubiertos y que no
son relativos a los objetos de su creación 31,716 pesos.
La casa de Moneda está igualmente cargada de créditos. Debe 293,141 pesos
resultado de todos los contratos, negociaciones de empréstitos, libramientos y
demás gravámenes de su responsabilidad. Sus fondos no han podido rendir
para satisfacerlos, ni aún para llenar sus gastos naturales por haberse
paralizado el tráfico de pastas, y haberse también empeñado sus productos

para el pago de las anticipaciones que se habían recibido por cuenta de sus
derechos. Las contribuciones se hayan absorbidas casi todas hasta el
semestre de San Juan próximo. Son muy sabidas las escandalosas
negociaciones de la época de Vivanco hechas por estos ramos que se han
subastado con una pérdida considerable. Tal es la de haber convenido en
recibir de los subastadores una parte en dinero y otra no pequeña en créditos.
En el mismo estado de empeño deben hallarse las otras aduanas del sur y los
ramos de contribuciones, sabido como es que se ha tenido que sostener un
Ejército y hacer todos los gastos de guerra.
A este grave mal no puede oponerse otro remedio que una rígida economía,
disminuyendo los gastos hasta reducirlos a los muy necesarios. Esta debe ser
la obra de un ejecutivo como el que se nos espera, que tenga por jefe una
persona de conocida honradez, de una probada contracción al servicio, que en
medio del orden y tranquilidad, disponga los arreglos que no ha sido posible
decretar en el bullicio de las revueltas y con el estrépito de las armas, y que
tenga además algunas autorizaciones extraordinarias. El ramo solo de
pensiones y montepíos es una carga abrumante para el Estado, y bien que sea
justo este pago cuando la hija y la viuda perdieron un padre y un marido que
habrían conservado sino hubiera reclamado la patria el sacrificio de su vida, no
lo es fuera de este caso, y cuando se prestaron los servicios en una guerra
fratricida, a que no lo condujo el patriotismo quizás. Indáguese pues con
prolijidad el origen de estas asignaciones y gócenlas únicamente las personas
que deban gozarlas conforme a ley,
Sufre el Estado otra carga no menos abrumante que la anterior en el número
prodigioso de jefes y oficiales sueltos que perciben sueldos porque un
Gobierno los hizo oficiales, porque visten el uniforme, porque sirvieron en una
revolución, y porque traicionaron quizá alguna vez a la patria. Desde que se
dicen jefes y oficiales sueltos, se publica que no hay necesidad de sus
servicios, porque de haberla estarían colocados en el Ejército, ¿Por qué se ha
de gastar en los que no se necesita? Hágase pues una clasificación de estos
jefes y oficiales por épocas y tiempo de servicio, como se practicó al dar la ley
de reforma, goce de ésta el que la obtuvo entonces, y vuelva a su clase ahora
que no se le necesita, sin gravar más al erario considérese a los otros en sus
empleos y retíreseles en ellos con los goces que les correspondan por el
tiempo que han servido legítimamente. Si nada les toca a nada tienen derecho,
porque lo que se da fuera de este caso equivale a un premio pecuniario que ni
el Congreso puede decretar mientras no esté cubierta la deuda pública. El
medio más adecuado para lograr este fin, es autorizar al Ejecutivo para que
haga estos arreglos.
Hay otro abuso que perjudica mucho a los fondos públicos, y demanda una
medida en obsequio a las rentas fiscales. Consiste en la facilidad con que se
quitan o mudan los empleos, sin más objeto a las veces que favorecer a otro
más querido. El despojado así queda de cesante, y cuando en obsequio a la
economía se le coloca en otro empleo de sueldo menor, se le declara el mayor
haber que disfrutó antes. Por manera, que se paga por el servicio de un destino
un sueldo mayor que el designado por la ley. No se exagera, si se afirma que
hay empleos por los que se abonan dos y más sueldos según son las distintas

personas que se han nombrado y separado. Este reparo no es de poca
importancia, y debe llamar la atención del Congreso para dictar una regla tanto
más urgente, cuanto que éstas son disposiciones de los supremos
mandatarios, para cuya denegación se desconoce a veces la autoridad del que
le ha sucedido. ¿Puede reputarse justo, que por qué se sirvió un destino algún
tiempo y se alcanzó después otro, que aunque de menor dotación, acomoda
más al empleado, le deja libertad para otros provechos y le abre una carrera de
más ventaja, se le hay de acudir con el sueldo mayor que tuvo, y que no
corresponde al empleo que sirve últimamente?. Cuando dispone la ley que se
acuda con el sueldo mayor al que se separó de un destino par servir otro que lo
goza menor, es en e concepto de que así lo exija el servicio público, que va a
alcanzar ventajas del empleado y no es regular que lo perjudique. Empero no
es el mismo caso cuando el empleado quiere el puesto menos dotado, y se
propone compensar de otra manera la pérdida que sufre. Será muy oportuno
que se haga una declaración por el Congreso, que sirva de regla en las
concesiones hechas y que se hagan sucesivamente.
La infidelidad de las manos que intervienen en la administración y cuidado de
las rentas, es también una de las causas del menoscabo que padecen. La
experiencia he hecho ver lo poco que puede prometerse el Ejecutivo del Poder
Judicial en los juicios que se provocan a este respecto, porque los jueces
tienen que sujetarse a formas tardías por su naturaleza, y a pruebas que no
son de un éxito muy seguro. La compasión y otros motivos hacen a los testigos
ocultar muchas veces la verdad. Esto, sin duda, influyó en que se dictara la
atribución 28 del artículo 87 de la Constitución, y en su virtud puede ser
removido un empleado con acuerdo del Consejo de Estado. Pero esta
atribución ha quedado evadida en las ocasiones que se recuerda haber
ocurrido al Consejo. O duermen allí los expedientes, o se ha respondido al
Ejecutivo que someta el negocio a los jueces. Mientras tanto el empleado sigue
en actitud de malversarse, y el servicio se hace mal. Este asunto demanda una
resolución.
Las negociaciones del guano han llamado la atención de los peruanos, y ha
sido materia de curiosidad y aún de murmuraciones. En un Mensaje no es
posible hablar de este asunto con la detención que requiere. Por esto se ha
formado separadamente una relación que se os pasará con oportunidad. Debo
manifestaros que en mi época no se ha gastado un maravedí en espionaje ni
gastos secretos.
El enlace que tiene el ramo de guerra con el de hacienda me excusa de repetir
algunos puntos que os acabo de manifestar. La persuasión en que estoy de
que vosotros os halláis al cabo de las exigencias de la patria respecto a él,
harán que no detenga mucho en hablar de esta materia. La necesidad vital,
urgente y del día es, que se reduzca el Ejército porque no hay como sostenerlo,
y su subsistencia fuera de ser antieconómica, es perjudicial al fomento de los
ramos de la riqueza pública. Cerca de cuatro mil hombres botados de las filas,
son otros tantos brazos que cultivarán la tierra, explotarán los minerales, y nos
traerán la abundancia. Dejarán de gravar al país y le aumentarán sus
productos.

Os he bosquejado el cuadro de nuestra República, os he manifestado algunos
de los males que la aquejan, y os he indicado algunos remedios. No es esto
todo lo que hay ni todo lo que debe llamar vuestra atención, pero en la
precisión de atender a lo más urgente, ya que no es dado abrazarlo todo,
mucho habréis hecho si en ese tiempo que duren vuestros trabajos lográis
dictar las medidas indicadas, u otras mejores que os inspirará vuestra
experiencia. Estad ciertos de que ellas serán ejecutadas con la pureza,
actividad y tino que hacen el carácter del escogido de los pueblos, a quien vais
a proclamar dentro de breves horas. ¡Quiera el Cielo inspirarlo y prodigarle sus
luces, para que pueda con su auxilio hacer la ventura de nuestra patria!
He obtenido el mando supremo en las épocas y circunstancias más difíciles de
la República, y puedo lisonjearme de no haber omitido esfuerzo que cediera en
beneficio suyo. La he servido con una consagración y fidelidad, en que no me
habría excedido el patriota más distinguido. He pospuesto mis intereses a los
del Estado, en obsequio suyo he abandonado, el reposo de la vida privada, me
he lanzado en el tempestuoso mar de las revueltas, y me he sometido al rigor
de una expatriación y a los sinsabores que la siguen. Cuando sentí de nuevo
los azares que corría la patria y que podrían frustrarse o demorarse las
fundadas esperanzas de establecer el régimen legal, volví a tomar el mando a
pesar del mal estado de mi salud y de los riesgos que ofrecía la empresa. La
suerte quiso premiar mis intenciones puras, y me ha proporcionado la gloria de
decir a terminar mi carrera pública: “Sofoqué la guerra civil y entregué la
República en paz descendiendo del alto puesto a que se había elevado la ley
fundamental de la República, como la satisfacción de haberla hecho el bien que
me ha sido posible, y de no haber omitido sacrificio que redundara en provecho
suyo”.